Creo que me voy a presentar a las elecciones de Irlanda. No sé mucho inglés, pero les llevo un mensaje que les puede interesar. Tengo la solución a sus problemas: cambiarse de nombre. Vaya chorrada pensaréis, pero no, es muy sencillo.

Mirad, cuando comenzó la crisis Alemania tomo las riendas de la política económica de la UE con una máxima: hay que gestionar los estados como una empresa (como una empresa en crisis, se entiende). Y como tal, nos esforzamos en hacer desaparecer el déficit sirviéndonos de recortes de personal, recortes en los sueldo del resto de la plantilla, empeoramiento de la calidad de los servicios que ofrecen y eliminación de los menos rentables,… con el fin de que nuestra empresita llamada España nos pueda empezar a dar beneficios. Ya veréis lo bien que va a ir el país cuando se consiga el equilibrio presupuestario, los empresarios van a salir como locos a gastarse el dinero en hacer empresas y subir sueldos y los trabajadores saldrán a fundirse los pocos ahorros que les quedan. Está cantado.

Pues bien, como empresas que son ahora los estados, Irlanda puede jugar con las mismas armas de las empresas. ¿Qué hay una deuda que se hace inasumible para Irlanda? Que liquiden el país. Que hagan Junta General de accionistas (elecciones), decidan liquidar la empresa (Irlanda), se extinguen las deudas (préstamos de la UE y el FMI y el agujero que les dejó la banca de su país), y acto seguido fundan otra empresa libre de esas cargas a la que podrían llamar “FuckYou” y que se dedicara tan solo a recaudar capital de sus accionistas y usarlo para dar servicios sociales a todos los habitantes de “FuckYou”.

¿Que los acreedores se enfadan y quieren su dinero? Que busquen a la anterior Junta Directiva (actual gobierno) y les enjuicien para hacerlos responsables subsidiarios.

Y lo que es más bonito del capitalismo: esto lo podríamos hacer hasta el infinito.

Y como estoy que lo tiro, le propongo además a la RAE que cambie su definición de “Persona jurídica” por este otro: “Persona jurídica”; femenino, derecho: un ingenioso artificio para obtener beneficios de forma individual sin responsabilidad individual.

No me gustan los agravios comparativos, pero merece la pena hacer la eterna analogía de nuestro país con Francia acerca de un tema de especial importancia: las pensiones.

Yo en cualquier caso, no soy nada afrancesado. De hecho, les tengo tirria histórica por su actitud respecto a la Guerra Civil española, con los combatientes republicanos que cruzaban la frontera (que iban derechitos a un campo de concentración), y con la aceptación y legitimación del Régimen de Franco toda vez que la resistencia española les liberó el país. Una perla los franceses, vaya.

Pero hay que reconocer que hay multitud de ocasiones en los que nos dan una lección pasmosa, y en este caso lo han vuelto a hacer, esta vez con el sistema público de pensiones.

Ustedes pensarán que Sarkozy es un liberal derechoso, y qué duda cabe, pero antes que eso es francés, y eso parece implicar ser responsable con el estado, con el bienestar de sus ciudadanos y su futuro (justo lo contrario de lo que significa ser español). Imagino que por eso ha declarado que su objetivo con las pensiones es hacer un esfuerzo financiero adicional de ingresos gravando más aun los ingresos más altos y las rentas del capital.

Dicho en román paladino: Van a subirle los impuestos a los ricos para sustentar su actual modelo de pensiones.

Luego volvemos a España, y nos encontramos el desolador paisaje de la reforma de pensiones, no para asegurarlas, sino para darle la puntilla. Vemos como gaviotas con un puño y una rosa vuelan en círculos alrededor de las pensiones mientras nos gritan: “¡insostenibilidad!”, “¡jubilación a los 67!”, “planes de pensiones privados”… Todo como lluvia fina que poco a poco va calando en la sociedad.

Vemos como ninguno de los partidos que concentran el 80% de los votos está dispuesto a defender las pensiones, tan solo Izquierda Unida, a los que nos dan un 5,8% de estimación de voto. Y ahí es donde está el verdadero problema: Sarkozy no se carga las pensiones no porque no quiera, sino porque sabe que si lo hace los franceses le cortarán la cabeza. Sin embargo, en España los políticos pueden decir y hacer lo que quieran con total libertad, pues no existe un control ciudadano sobre los poderes públicos. Aquí saben que el día que se cepillen nuestras pensiones estaremos viendo Sálvame, o como nos descuidemos, el próximo mundial de fútbol.

Eso sí, no les quiero incitar al exilio, solo que tengan mayor conciencia aun de nuestra desdichada tierra, de los canallas de sus políticos y lo mezquina que son nuestras gentes.

P.D.: Para mayor recochineo recuerdo que en las anteriores elecciones europeas las Juventudes Socialistas (ja!) sacaron un cartel donde salían Sarkozy y Merkel y donde ponía: “estos son los que quieren que te jubiles a los 70″.

El Gobierno envió  ayer una nueva propuesta sobre diversos asuntos relacionados con el mercado laboral, que se deben tratar en al marco del diálogo social. Como novedad principal se desecha el modelo alemán y se nos presenta el austriaco como mejora de la estabilidad en el empleo.

Como siempre en los documentos del Gobierno, la ambigüedad, la palabrería y la ausencia de concreción, impide conocer los puntos exactos sobre los que se pretende desde el legislador actuar, trasladando a los agentes sociales la responsabilidad de traducir negro sobre blanco, aquello sobre lo que no se atreve a pronunciarse.

A mi juicio, este documento es mucho más regresivo que anteriores, porque reincide en tres aspectos; error en el análisis de la dualidad del mercado de trabajo, considera las indemnizaciones como costes salariales y abre la puerta a la degradación de los servicios públicos de empleo, a favor de peligrosas formas de intrusismo y control laboral por la Patronal.

DUALIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO

Como en documentos anteriores, se rehúye señalar cuáles son las verdaderas causas de la dualidad de nuestro mercado de trabajo; el alto grado de incidencia de actividades estacionales en nuestro PIB y modelo económico. La construcción y el sector servicios (hostelería, turismo, comercio en temporada), son actividades que por su propia definición usan, y abusan, de contratos temporales, por lo que ningún incentivo a la conversión a estables tendrá incidencia en estos sectores.

Otra cosa es el abuso de formas de temporalidad en sectores industriales, o de servicios con una mayor estabilidad en la actividad, en los que ha tenido mucho que ver los pocos recursos de la Inspección de Trabajo, para perseguir este fraude en la contratación.

Comentario a parte hay que hacer del abuso en la precariedad de las propias Administraciones Públicas, donde el porcentaje es aún mayor al sector privado que ya rondaba 1/3 de temporalidad, y lo que ello supone en la pérdida de calidad de los servicios públicos, aumento de costes, necesidad de externalización de servicios, y su efecto en el resto de actividades económicas; unos deficientes servicios técnicos municipales pueden retrasar la apertura de negocios, y otros perjuicios a emprendedores, por ejemplo.

Por tanto la única herramienta eficaz para combatir la dualidad, es la de una política de reindustrialización, de potenciación de sectores emergentes de alto valor añadido, y de extensión de servicios a la ciudadanía; guarderías, dependencia, centros de día, etc…, que generan una mayor estabilidad en la actividad, y por tanto tienden a usar el contrato estable y de calidad para fijar a profesionales y trabajadores con experiencia y formación.

Un factor que añadirá  más precariedad y temporalidad a nuestro modelo productivo, será la eliminación de las limitaciones a la actividad de las ETTs, que ya podrán, vía Ley Omnibus, operar en otros sectores, como la propia Administración. Aquí la relación contractual patrono-trabajador queda desdibujada por la intermediación de la ETT, de tal forma que ni siquiera tendrá que comunicar el patrón al trabajador los motivos del despido o el cese, ya que se realiza mediante el cese de un contrato mercantil del que el trabajador no tiene que ser informado, quedando sin tutela judicial de sus derechos.

Por lo tanto, cualquier medida planteada para reducir la temporalidad en la contratación, será  neutralizada por el nuevo papel de las ETTs.

INDEMNIZACIONES Y COSTES SALARIALES

Aunque a efectos estadísticos, las indemnizaciones por despido se computen como parte de la totalidad de los costes salariales, tenemos que negar la mayor, ya que las indemnizaciones no dependen de la actividad del trabajador, sino de la causa del despido.

Desde hace tiempo se señala a los 45 días por año trabajado, como una de las causas que desincentiva la contratación indefinida, pero debemos resaltar que estos 45 días es la garantía que tienen los trabajadores para evitar un despido injustificado, es decir sin causa, arbitrario, y por ese abuso de la buena fe contractual hay que pagar.

Entrar a discutir las rebajas en las indemnizaciones, es dar más ventajas al empresario para usar el despido improcedente, y así despedir a aquellos trabajadores más combativos, reivindicativos o con inquietudes sindicales, amparando en cierta manera la violación de un derecho constitucional como es de la actividad y libertad sindical.

De esta forma, se debilita la capacidad negociadora de la parte del trabajador, no solo en el ámbito de la empresa, sino de la negociación colectiva sectorial, provocando una pérdida de derechos sociales, laborales y económicos.

Modelos que traten de desvirtuar esa vinculación entre indemnización como garantía del trabajador, añaden nuevos mecanismos de rehuir la tutela judicial, por no decir del posible aumento, ahora sí de costes salariales al tener la empresa que costear un despido que quizá no se va a producir, como es el modelo austriaco.

Podríamos discutir la cuantía de la indemnización, incluso eliminar referencia alguna a la misma, si fuera el trabajador el que tuviera derecho a optar entre volver a la empresa o la indemnización, en el caso de que fuera declarado el despido improcedente por un juzgado, pero no creo que la Patronal aceptara siquiera discutirla.

SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO Y AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN

Ya hemos comentado en anteriores ocasiones la gravedad de esta propuesta. Tratar de devaluar los servicios públicos de empleo ha sido una constante de la patronal, y desgraciadamente del propio Gobierno, que los ha convertido en un mero registrador de contratos, y gestor de prestaciones y subsidios por desempleo, frente al necesario papel de formador y buscador activo de empleo que deberían desempeñar.

Las prácticas empresariales tampoco han ayudado, en una ley de oferta y demanda laboral en el que muchas veces la empresa prefiera la oferta nominal, la que ella misma ha generado bien buscando al trabajador en otras empresas o entre las  solicitudes de empleo recibidas.

Sería conveniente que tanto Administraciones como las organizaciones empresariales, comunicaran trimestralmente sus necesidades futuras de personal, y se incentivara al parado a la búsqueda activa de empleo y al reciclaje profesional, pero en ningún caso debemos aceptar intermediaciones que desvirtúen el acceso al trabajo.

Las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, son la antesala de la discriminación laboral de muchos trabajadores señalados como “reivindicativos”, al igual que las listas de morosos, la circulación de listas negras, imposibilitaran su acceso al mundo laboral, estaríamos amparando la persecución por motivos políticos.

Obtener lucro económico por el tráfico de trabajadores no hace mucho tiempo era un delito, y sin embargo se nos quiere colar como modernidad, como mejora del acceso del parado al mundo del trabajo.

En definitiva, del primer estudio de esta propuesta, no podemos aceptar las líneas centrales, porque no caminan en el necesario cambio de modelo económico, persisten en la precariedad bajo otras formulas, y se abre la puerta a la legalización de la discriminación en el acceso al derecho al trabajo, algo que choca frontalmente incluso con el modelo social y de derecho que reconoce nuestra Constitución.

Fdo. Miguel Ramírez Muñoz

Coordinador Provincial de IU Ciudad Real

Veo en miciudadreal.es que Villar del Campo, a 24 km de Ciudad Real y de mi pueblo Miguelturra, aprobó postularse como candidato a albergar el dichoso cementerio nuclear.

Un pueblo pequeño, de esos que se dice “en peligro de extinción” debido a su escasa población (110 habitantes) y las pocas expectativas de prosperar. Es por ello que los 8 millones de euros que ofrecen por comerse el marrón nuclear puede ser muy tentador.

Lo que ocurre, es que una decisión tan importante como postularse para la instalación de un cementerio nuclear (o un ATC, que es el nombre que le han puesto para que no suene tan feo)  no se puede decidir porque la mayoría del pleno de un municipio así lo quiera. Decisiones de esa importancia, la cual es una clara amenaza a la seguridad de toda una comarca, debería ser el resultado de una consulta y participación de los ciudadanos que nos vemos implicados en el asunto. Y eso implica a unos cuantos pueblos, que ni han sido consultados sus ayuntamientos, ni claro está, sus ciudadanos.

Ni que decir tiene que el PCE de Ciudad Real muestra su total rechazo a la candidatura de Villar del Campo, y podemos preveer que si el gobierno central decide poner en la provincia de Ciudad Real el cementerio nuclear, la ciudadanía ciudadrrealeña tratará de impedir de todas las formas posibles que el proyecto se ejecute.

Otras de las cosas que tenía pendientes es hacer ilegal mi blog. Es una ilusión que tiene uno, muy parecida a otra que tengo: que me excomulguen. Por eso no quiero hacer lo de la apostasía, espero algún día reunir méritos suficientes como para que me echen.

Por eso me uno a la iniciativa de la Lista de Sinde, que vi en el blog de Ceronegativo y que consiste en poner este enlace:

en isoHunt

¿Y para qué? No os preocupéis, aquí se os cuenta:

“La Lista de Sinde” es una campaña en respuesta a la intención del Gobierno Español de crear una comisión censora en el Ministerio de Cultura con potestad para cerrar y bloquear webs sin previa orden judicial. La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos ha entregado ya al Ministerio de Cultura una lista de 200 webs que según su criterio deberían ser censuradas inmediatamente…

“La Lista de Sinde” recoge un listado de las páginas web que se han ido “autoinculpando” de intercambiar cultura libremente mediante la integración de un buscador de descargas. Nuestro objetivo es responder con esta nueva lista de otras 200, 2.000 o 20.000 páginas web que el Gobierno debería también censurar por la misma razón: compartir cultura. Hasta ahora, los jueces siempre nos han dado la razón, pero si el Gobierno consigue poder cerrar y bloquear webs sin una orden judicial previa, tendrá que ir también a por todas las nuestras. ¡Ahora la Red actúa, únete!

El funcionamiento de esta campaña es muy sencillo:

1. Incluye en tu web uno de los buscadores de descargas que proponemos. Puedes verlos en la columna de la derecha, sólo tienes que cortar y pegar el código que parece haciendo click en el enlace “Pulsa aquí para ver código”. Una vez incluído, cualquier persona podrá buscar descargas desde tu web.
2. Inscríbete en “La Lista” rellenando el formulario que hay en la columna de la izquierda.
3. La Lista se entregará al Ministerio de Cultura y a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (Ministerio de Industria).

¡Únete!