Un lugar a dos leguas de Ciudad Real

Análisis de la nueva propuesta del gobierno sobre el mercado laboral [Miguel Ramirez]

El Gobierno envió  ayer una nueva propuesta sobre diversos asuntos relacionados con el mercado laboral, que se deben tratar en al marco del diálogo social. Como novedad principal se desecha el modelo alemán y se nos presenta el austriaco como mejora de la estabilidad en el empleo.

Como siempre en los documentos del Gobierno, la ambigüedad, la palabrería y la ausencia de concreción, impide conocer los puntos exactos sobre los que se pretende desde el legislador actuar, trasladando a los agentes sociales la responsabilidad de traducir negro sobre blanco, aquello sobre lo que no se atreve a pronunciarse.

A mi juicio, este documento es mucho más regresivo que anteriores, porque reincide en tres aspectos; error en el análisis de la dualidad del mercado de trabajo, considera las indemnizaciones como costes salariales y abre la puerta a la degradación de los servicios públicos de empleo, a favor de peligrosas formas de intrusismo y control laboral por la Patronal.

DUALIDAD DEL MERCADO DE TRABAJO

Como en documentos anteriores, se rehúye señalar cuáles son las verdaderas causas de la dualidad de nuestro mercado de trabajo; el alto grado de incidencia de actividades estacionales en nuestro PIB y modelo económico. La construcción y el sector servicios (hostelería, turismo, comercio en temporada), son actividades que por su propia definición usan, y abusan, de contratos temporales, por lo que ningún incentivo a la conversión a estables tendrá incidencia en estos sectores.

Otra cosa es el abuso de formas de temporalidad en sectores industriales, o de servicios con una mayor estabilidad en la actividad, en los que ha tenido mucho que ver los pocos recursos de la Inspección de Trabajo, para perseguir este fraude en la contratación.

Comentario a parte hay que hacer del abuso en la precariedad de las propias Administraciones Públicas, donde el porcentaje es aún mayor al sector privado que ya rondaba 1/3 de temporalidad, y lo que ello supone en la pérdida de calidad de los servicios públicos, aumento de costes, necesidad de externalización de servicios, y su efecto en el resto de actividades económicas; unos deficientes servicios técnicos municipales pueden retrasar la apertura de negocios, y otros perjuicios a emprendedores, por ejemplo.

Por tanto la única herramienta eficaz para combatir la dualidad, es la de una política de reindustrialización, de potenciación de sectores emergentes de alto valor añadido, y de extensión de servicios a la ciudadanía; guarderías, dependencia, centros de día, etc…, que generan una mayor estabilidad en la actividad, y por tanto tienden a usar el contrato estable y de calidad para fijar a profesionales y trabajadores con experiencia y formación.

Un factor que añadirá  más precariedad y temporalidad a nuestro modelo productivo, será la eliminación de las limitaciones a la actividad de las ETTs, que ya podrán, vía Ley Omnibus, operar en otros sectores, como la propia Administración. Aquí la relación contractual patrono-trabajador queda desdibujada por la intermediación de la ETT, de tal forma que ni siquiera tendrá que comunicar el patrón al trabajador los motivos del despido o el cese, ya que se realiza mediante el cese de un contrato mercantil del que el trabajador no tiene que ser informado, quedando sin tutela judicial de sus derechos.

Por lo tanto, cualquier medida planteada para reducir la temporalidad en la contratación, será  neutralizada por el nuevo papel de las ETTs.

INDEMNIZACIONES Y COSTES SALARIALES

Aunque a efectos estadísticos, las indemnizaciones por despido se computen como parte de la totalidad de los costes salariales, tenemos que negar la mayor, ya que las indemnizaciones no dependen de la actividad del trabajador, sino de la causa del despido.

Desde hace tiempo se señala a los 45 días por año trabajado, como una de las causas que desincentiva la contratación indefinida, pero debemos resaltar que estos 45 días es la garantía que tienen los trabajadores para evitar un despido injustificado, es decir sin causa, arbitrario, y por ese abuso de la buena fe contractual hay que pagar.

Entrar a discutir las rebajas en las indemnizaciones, es dar más ventajas al empresario para usar el despido improcedente, y así despedir a aquellos trabajadores más combativos, reivindicativos o con inquietudes sindicales, amparando en cierta manera la violación de un derecho constitucional como es de la actividad y libertad sindical.

De esta forma, se debilita la capacidad negociadora de la parte del trabajador, no solo en el ámbito de la empresa, sino de la negociación colectiva sectorial, provocando una pérdida de derechos sociales, laborales y económicos.

Modelos que traten de desvirtuar esa vinculación entre indemnización como garantía del trabajador, añaden nuevos mecanismos de rehuir la tutela judicial, por no decir del posible aumento, ahora sí de costes salariales al tener la empresa que costear un despido que quizá no se va a producir, como es el modelo austriaco.

Podríamos discutir la cuantía de la indemnización, incluso eliminar referencia alguna a la misma, si fuera el trabajador el que tuviera derecho a optar entre volver a la empresa o la indemnización, en el caso de que fuera declarado el despido improcedente por un juzgado, pero no creo que la Patronal aceptara siquiera discutirla.

SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO Y AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN

Ya hemos comentado en anteriores ocasiones la gravedad de esta propuesta. Tratar de devaluar los servicios públicos de empleo ha sido una constante de la patronal, y desgraciadamente del propio Gobierno, que los ha convertido en un mero registrador de contratos, y gestor de prestaciones y subsidios por desempleo, frente al necesario papel de formador y buscador activo de empleo que deberían desempeñar.

Las prácticas empresariales tampoco han ayudado, en una ley de oferta y demanda laboral en el que muchas veces la empresa prefiera la oferta nominal, la que ella misma ha generado bien buscando al trabajador en otras empresas o entre las  solicitudes de empleo recibidas.

Sería conveniente que tanto Administraciones como las organizaciones empresariales, comunicaran trimestralmente sus necesidades futuras de personal, y se incentivara al parado a la búsqueda activa de empleo y al reciclaje profesional, pero en ningún caso debemos aceptar intermediaciones que desvirtúen el acceso al trabajo.

Las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro, son la antesala de la discriminación laboral de muchos trabajadores señalados como “reivindicativos”, al igual que las listas de morosos, la circulación de listas negras, imposibilitaran su acceso al mundo laboral, estaríamos amparando la persecución por motivos políticos.

Obtener lucro económico por el tráfico de trabajadores no hace mucho tiempo era un delito, y sin embargo se nos quiere colar como modernidad, como mejora del acceso del parado al mundo del trabajo.

En definitiva, del primer estudio de esta propuesta, no podemos aceptar las líneas centrales, porque no caminan en el necesario cambio de modelo económico, persisten en la precariedad bajo otras formulas, y se abre la puerta a la legalización de la discriminación en el acceso al derecho al trabajo, algo que choca frontalmente incluso con el modelo social y de derecho que reconoce nuestra Constitución.

Fdo. Miguel Ramírez Muñoz

Coordinador Provincial de IU Ciudad Real