Lo grave del asunto es por un lado que Montserrat Muñoz es miembro de la Ejecutiva Federal de IU, y por lo tanto el asistir a ese acto es situarse al margen de la política de IU para favorecer a una serie de gente que se ha situado al margen voluntariamente de ésta y que voló por los aires a su organización federada en Euskadi por la simple razón de que se había quedado en minoría en su Consejo Político, y por otro lado es grave porque Izquierda Abierta es una parte importante de IU.

Lo único bueno de este asunto es que no tiene trascendencia real en la política vasca ya que este grupo hace tiempo que dejó de tener incidencia real en ésta porque no tienen prácticamente bases militantes reales unido a que su espacio electoral al margen de IU es nulo y hoy en día están más pendientes de que la izquierda abertzale les acepte como compañeros de viaje que a ser energía real de un proceso de refundación de la izquierda vasca anticapitalista y federalista. La organización que formará parte de IU en Euskadi, actualmente liderada por Mikel Arana, celebrará en pocos días su Asamblea con la participación de todos aquellos militantes que sencilla y llanamente formen parte de IU, continuando la construcción y reestructuración del “Quinto espacio” de la política vasca con una linea estratégica que el propio M. Arana la define como “una izquierda alternativa no independentista, sino federal, anticapitalista y radical, entendiendo este último término como la necesidad de modificar el sistema actual desde su base.” Afortunadamente, al margen de siglas y posturas internas cupulares en el seno de IU la mayoría de gente que formó parte de Ezker Batua Berdeak podrá confluir en ese espacio, junto con los muchos que se fueron y los más aún que están porque nos encontremos.

Es justo, e importante, mencionar que Izquierda Unida, Aralar y el sindicato ELA se han opuesto a dicha creación, que no es sino otro -importante- paso en el proceso de bancarización de las Cajas de Ahorros vascas insertado en el mismo proceso a nivel español. Mientras los ojos mediáticos se centran en ETA, sus comunicados, las algaradas de PSE-EE, PP, PNV o Bildu y se habla de normalización política a nivel de la superestructura de la sociedad por debajo se acomete un proceso carente de información y transparencia en el cual las cuatro grandes fuerzas políticas vascas establecen un acuerdo que viene a significar algo tan grave como sentar las bases para robar a los ciudadanos vascos el sector parapúblico financiero, elemento que debería ser un músculo central para una alternativa social a la crisis del capitalismo.

Desde la banca privada, las instituciones europeas, el Gobierno y el Banco de España se ha presionado en el último ciclo político a las Cajas de Ahorros pequeñas y medianas a desaparecer dejándose absorber por alguna grande (fusión) o a constituir un SIP (Sistema Institucional de Protección) regulados por la Directiva europea 2006/48/CE que se traspone en el ordenamiento jurídico español con el RD 216/2008, todo ello en un proceso que tiene sus antecedentes históricos en lo acontecido en Gran Bretaña en la década de los ochenta con Margaret Thacher, y en Italia en los noventa con la Ley Amato (1990) y la Ley Ciampi (1998), que tuvo como resultado la desaparición de sus Cajas de Ahorro y la privatización del sector segregando el negocio financiero de la Obra Benéfica y Social.

La fórmula utilizada para la creación de Kutxa Bank, la fusión fría o SIP (Sistema Institucional de Protección) es una trampa para enmascarar y desarrollar el proceso de privatización. Así cada una de las Cajas cede parte de su actividad financiera, estructura y servicios al SIP, que será el órgano gestor ya con forma de sociedad mercantil. Con los SIP las Cajas pierden el control del negocio financiero que hoy financia la OBS, por lo que esta Obra Benéfica y Social desaparecerá a medio plazo.

El compromiso de mantener el 100% de las acciones de la sociedad central en manos de las cajas está relacionado de forma permanente con abstracciones jurídicas que nos anuncian lo que va a venir, ya que dicho compromiso del 100% será “salvo que lo contrario sea exigido por cualquier normativa aplicable o por un Organismo o Administración competente”, se recoge la posibilidad de entrada de capital privado (Además no se establece limitaciones a la entrada de capital privado a través de filiales) o de salida a bolsa, etc.

Lo relativo a la Obra Social también está acompañado de abstracciones jurídicas, ya que la condición de destinar a ésta al menos el 30% de los beneficios del banco será “siempre que la solvencia financiera de la Sociedad Central y las normas regulatorias aplicables lo permitan”. Esto permite claramente reducir el tanto por ciento destinado a la Obra Social  porque en un banco aludir a la solvencia financiera es pura ambigüedad y queda a la interpretación de los gestores. Si se fijase un ratio de lo que es solvencia financiera podríamos tener alguna referencia, la ausencia de dicho ratio deja claras las intenciones.

Karl Marx decía que “El ejecutivo del Estado moderno no es otra cosa que un comité de administración de los negocios de la burguesía”, y éste es un ejemplo perfecto. Por su parte, Lenin afirmaba que “Los hombres han sido siempre, en política, víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase.”, así que apuntémonos la lección y asentémonos en la política real, concentrada, es decir, en el análisis de clase al margen de siglas políticas.

El parlamentario de EB, Mikel Arana, ha aclarado que el próximo 20 de noviembre concurrirán a las elecciones generales la candidatura de Izquierda Unidad en Euskadi, conformando la lista “Izquierda Unida Los Verdes: Ezker Anitza”, y la del “sector madracista” de Ezker Batua, lo que, a su juicio, “supone de facto la confirmación de una ruptura anunciada, la del sector madracista con la coalición IU”.

En un comunicado, Arana ha indicado que, tras la decisión de la Junta Electoral Central de confirmar la designación de Serafín Llamas como representante general de EB y “permitir que EB esté presente en las próximas elecciones generales”, Izquierda Unida “estará presente en Euskadi conformando la lista ‘Izquierda Unida Los Verdes: Ezker Anitza, una candidatura plural que estará integrada por hombres y mujeres de los tres territorios que va a trasladar las propuestas de izquierda para Euskadi a través del grupo parlamentario de Izquierda Unida”.

En relación al auto de medidas cautelares del Juzgado número 13 que suspende preventivamente los acuerdos de los Consejos de EB de febrero y marzo sobre destituciones y reafiliación, Arana ha recordado que “no es una decisión definitiva”.

No obstante, ha afirmado que esta decisión “permite separarnos definitivamente del sector madracista, el mismo que negoció y que dio el gobierno de la Diputación alavesa al PP”.

‘CORRUPCIÓN’

Arana también ha recordado “que la izquierda siempre ha defendido una forma de hacer política, democrática en lo interno y de izquierdas en lo externo”.

En ese sentido, ha añadido que “lo que los votantes de izquierda tuvieron que presenciar en las negociaciones de la Diputación alavesa, es un modelo de corrupción política del que hemos estado alejados y del que formalmente a partir de ahora, estamos separados”.

El Correo

La Presidencia de Euskadi de Ezker Batua ha aprobado un documento, con los votos a favor de once de sus miembros (Nerea Gálvez no ha participado en la votación del texto), en el que recomienda tramitar la baja de Javier Madrazo de su militancia en la formación, acepta la dimisión de Serafín Llamas de sus cargos de coordinador y portavoz de la Presidencia de Euskadi, y le conmina a poner a disposición notarial los poderes económicos y de representación de Ezker Batua, al que también exige que solicite la baja de militancia de EB, so pena de iniciar ante los órganos competentes un expediente sancionador.

Por otra parte, la Presidencia solicita de Nerea Gálvez y Mertxe Etxezarreta, la puesta a disposición de la permanente de Araba de sus actas de junteras de EB. Asimismo, conmina a Kontxi Bilbao y a Nerea Gálvez a que renuncien a todos sus cargos internos en Ezker Batua.

El órgano de dirección de la coalición de izquierdas, a cuya reunión no han acudido los representantes del sector crítico con la gestión del coordinador general de Ezker Batua, Mikel Arana, porque “se ha excluido a tres de sus miembros”, ha hecho estas peticiones tras concluir que Javier Madrazo y Serafín Llamas, “sin información ni conocimiento por parte de ningún órgano de EB, fueron los responsables de condicionar el apoyo de EB a la investidura de Xabier Agirre a: La contratación de Julia Madrazo, Jon Sustatxa, el propio Serafín Llamas, este mismo año, así como de otras 39 personas a lo largo de la legislatura, la incorporación de José Navas a la Caja Vital y la concesión de un crédito de 600.000 euros”.

Asimismo, cree probado que la comisión negociadora y las dos junteras de EB en Araba, conocían los términos de la negociación y la existencia de esas condiciones y exigencias, si bien no participaron en ellas de forma activa. También considera la presidencia que Kontxi Bilbao y Nerea Gálvez, sin contraste con la permanente de Araba, decidieron sustituir la propuesta programática de negociación de EB por un texto que sabían “completamente inasumible para la contraparte, en el momento en el que el PNV decide no asumir las contraprestaciones solicitadas por el Sr. Llamas y el Sr. Madrazo”.

Por último, afirma que se ha producido una negociación paralela, “al margen de los más elementales principios de la ética política, sin conocimiento ni información a los órganos territoriales y de Euskadi, que ha condicionado y determinado una decisión que sólo debería haber sido político-programática y que ha posibilitado el gobierno en Alava del PP”.

Rechazo “radical”

Por todo ello, la Presidencia de Euskadi de EB rechaza “radicalmente” este tipo de prácticas que “desprestigian y dañan la política y muestra su desprecio por las mismas” y asume que el daño causado a Ezker Batua puede ser “irreparable en el corto plazo”. “Daño a la militancia, a una trayectoria de muchos años de trabajo y aportaciones y a la imagen pública y valoración social de nuestro proyecto”, lamenta.

La Presidencia de Euskadi ha pedido perdón a toda la ciudadanía de Araba en general y a los votantes de Ezker Batua en particular por las prácticas llevadas a cabo por personas en nombre de Ezker Batua, pero que “no la representan y que han actuado siguiendo intereses particulares o de grupo, ajenos a los órganos y la militancia de EB”.

Finalmente, ha lamentado “muy en particular” el comportamiento de personas como Javier Madrazo y Serafín Llamas, que han “abusado de la posición y conocimiento público que deben a EB para intereses que no son” los de esta organización, “ensuciando así una trayectoria de más de 20 años y el trabajo y los anhelos” de toda su militancia.

Responsables de la organización de Ezker Batua Berdeak y representantes de las distintas sensibilidades que integran la dirección de la formación de izquierdas han hecho público un comunicado en el que denuncian que “afines a Madrazo tratan de obstaculizar la investigación interna de EB” sobre la negociación para la investidura del diputado general de Álava.

Este comunicado está suscrito por la responsable de Organización de EB, Carmen Martiarena, el responsable Institucional de EB, Ubaldo Ortiz, la responsable de Refundación de EB, Mertxe Larrouy, el responsable Territorial de Gipuzkoa de EB, Antxon Karrera, la secretaria del PCE-EPK, Isabel Salud, y el representante de la corriente Crítica de EB, Angel Bao.

Los citados representantes de EB han hecho público este escrito después de que militantes de base hayan presentado este sábado un manifiesto, al que suman más de 300 adhesiones, en el que piden la dimisión del coordinador general de EB, Mikel Arana, por “destrozar y llevar a la ruptura” a una organización que “recogió con el 80 por ciento de apoyos”.
Según ha afirmado, “en cualquier organización política, pero sobre todo en una como la nuestra que se reclama de izquierda alternativa, la utilización de los medios de comunicación para resolver los problemas internos, al margen del contraste en los órganos internos, califica las intenciones y refleja el nulo respeto de la democracia interna y de los procedimientos democráticos que tienen las personas que lo realizan”.

En su opinión, “el más elemental sentido democrático les debería llevar a presentar estas iniciativas en la Presidencia o el propio Consejo Político antes de publicarlas de forma unilateral ya como hechos consumados”.

En ese sentido, han advertido de que “quienes realizan estas manifestaciones, lo hacen desde el más absoluto desprecio hacia la democracia interna, la mayoría de la afiliación a la que no representan y los compañeros con responsabilidades en la dirección, entre ellos, el propio coordinador general elegido por una muy amplia mayoría y al que en ningún órgano interno, al menos hasta hoy, se le ha planteado ni exigido lo hoy se hace”.

Además, Martiarena, Ortiz, Larrouy, Karrera, Salud y Bao han considerado que “resulta muy difícil justificar ante la opinión pública que un ‘grupo de militantes de base’ se arrogue la capacidad para plantear una escisión de facto en EB, ni para descalificar en lo político o insultar en lo personal a quien ejerce la responsabilidad de la coordinación general, que es un órgano estatutario, por elección de la mayoría de EB”.

Para ellos, es “evidente”, que, “tras este grupo de ‘militantes de base’ se encuentra un sector de EB, hasta hoy encabezado por Javier Madrazo y Serafín Llamas, que parece decido a vestirse de ‘militancia’ para conseguir a través de los medios de comunicación lo que no puede hacer por los canales orgánicos y democráticos”.

“Un grupo de militantes -han añadido- entre quienes, casualmente, se echan en falta algunos ‘históricos’, que sí parecieron en comparecencias similares anteriores, como son José Navas, Julia Madrazo o Jon Sustatxa, que han aparecido como ‘demandantes’ de empleo en las lamentables negociaciones que ha protagonizado un sector de EB en las Juntas Generales de Araba”.

En ese sentido, han lamentado que “sea precisamente en este momento, cuando la sociedad nos reclama explicaciones y más que eso con respecto a la impresentable negociación con el PNV en Araba, que un sector de EB decida aprovechar el momento, curiosamente para plantear una escisión interna y descalificar en público al coordinador general de su organización”.

“Justamente cuando es el propio Mikel Arana quien está liderando la denuncia pública de estos comportamientos contrarios a la más elemental ética política y la exigencia de responsabilidades políticas e internas de sus responsables”, ha agregado.
Según han considerado, “este grupo de militantes, como mínimo debería explicar ante la opinión pública que valoración hace a cerca del comportamiento que han tenido personas como Javier Madrazo o Serafín Llamas y del daño que nos han hecho a todos, a no ser que, precisamente, pretendan ocultar la implicación de estas personas y distraer a la opinión pública descalificando, precisamente, a quien como coordinador general ha sido el primero en denunciar estos hechos”.

En su opinión, “llama poderosamente la atención que este grupo de militantes afines a Madrazo hayan guardado silencio en relación con el bochornoso espectáculo ofrecido por este sector en Araba y, sin embargo, pidan la dimisión del coordinador en el momento en que la organización le ha encomendado la investigación sobre los anteriores hechos”. “Obviamente asistimos a una maniobra del ‘madracismo’ para torpedear la necesaria investigación que debe hacerse sobre los hechos y cuyas conclusiones se van a dar a conocer el próximo martes”, han denunciado.

Tras asegurar que no quieren entrar en las “denuncias” y descalificaciones personales que se han hecho en la declaración pública de los militantes que han pedido la dimisión de Arana, han afirmado que “no responden a la realidad y no son ciertas”, así como que “no es propio de personas que representan a una organización política de izquierda utilizar los medios de comunicación con su valoración personal sobre el comportamiento de otros compañeros y sus responsables políticos, para conseguir ventajas u objetivos políticos dentro de EB”.

RECONOCIMIENTO A ARANA

Los responsables políticos y representantes de la “pluralidad interna de EB” que suscriben este comunicado, han manifestado su “reconocimiento del papel que está jugando” Mikel Arana como coordinador general en “la denuncia y expulsión de nuestra organización de los comportamientos absolutamente impresentables que algunos militantes han tenido en el proceso de negociación de Araba”.

Por ello, han afirmado que “este ataque y descalificación personal que se ha realizado” es “tan injusto como injustificado” y han asegurado que, “con el impulso del coordinador general”, trabajan por “un proyecto de futuro para refundar una Izquierda Vasca Alternativa, abierta a otros sectores que trabajan en nuestro mismo espacio y en la que comportamientos como los que algunos han tenido en la negociación de Álava no tengan cabida”.

2. ¿Vale para algo solucionar los conflictos internos existentes en IU heredados de la etapa anterior? De momento para las siguientes cosas: 1. Asumir que la lógica suicida existente en la etapa anterior debe ser superada, precisamente por ser suicida. 2. Asumir que somos algo tan pequeño y en una correlación de fuerza de clases tan desfavorable que la más mínima argumentación desde lo local o regional para no superar los conflictos mediante la síntesis dialéctica en lo político y el acuerdo democrático en lo orgánico no es otra cosa que una demostración de falta de inteligencia política alejada del conflicto de clase, alejada de la generación de alternativas sólidas desde lo político y lo social, etcétera que como no puede ser de otra forma lleva al naufragio colectivo. 3. Asumir que la refundación de la izquierda no se va a producir desde esquemas que partan de la exclusión de personas o colectivos anticapitalistas, y menos cuando se pretende partir de lógicas de ganadores y perdedores en términos de aparatos internos de las organizaciones políticas. Sólo es posible refundar partiendo de lo existente asumiendo que precisamente lo existente son los restos de un naufragio que hay que refundar entre todos, incluyendo si es necesario para la refundación el cambio de embarcación, y que consecuentemente ese partir de cero implica partir de lo existente pero poniendo el contador a cero entre el conjunto de personas y colectivos sociales que se mueven en el ámbito de la izquierda. 4. Asumir que la superación de los conflictos nos dota de unidad y cohesión en lo interno y en lo externo, consecuentemente de un crecimiento de hegemonía cultural, militante y electoral.

3. En relación con lo anterior: ¿Algún ejemplo de un lugar de la geografía española en el que sean positivos los resultados electorales y que a la vez no se hayan resuelto los conflictos? ¿O buen resultado electoral para los que siguen instalados en la lógica de no superar los conflictos en vez de la lógica de la refundación, estén en unas posiciones políticas u en otras dentro de lo que es el espacio político que abarcó IU?

4. ¿Sirven en IU las actuales lógicas internas (Las cuales representan posicionamientos políticos) que determinan en gran medida lo político a nivel externo? ¿Sirve nuestra actual generación de política (entendida ésta como un todo, desde el discurso federal al local en su conjunto pasando por el de las federaciones) para convertirse en un actor central de la política española en relación con las clases subalternas, oprimidas? Digamos que es un importante paso adelante en relación con la etapa anterior de IU en el sentido de que tenemos un discurso a nivel federal más acorde con lo que debemos ser (Una fuerza anticapitalista, republicana y federal), hay un gobierno interno a nivel federal de la organización que corresponde a la pluralidad de la organización y que no es como en la etapa anterior un motor de conflictos -Tampoco es, como debería ser, un motor efectivo para la superación de los conflictos existentes o vivos hasta hace poco tiempo- y por otra parte se ha conseguido poner en marcha el proceso de refundación que permite que el que quiera ponerlo en marcha a nivel regional y local lo haga y el que no pues siga instalado en unos tiempos que no tienen nada que ver con los presentes y mucho menos con los que se nos vienen encima. Esto, en su conjunto, permite detener el continuado descenso electoral de la década pasada, empezar a crecer electoralmente, empezar a recomponernos en lo orgánico, y empezar a recomponer nuestro tejido social y fuerzas militantes. Sin embargo no es suficiente para generar el vuelco necesario a nivel externo por las lógicas internas de IU caracterizadas por el poder de federaciones internas que fundamentalmente no asumen el proceso de refundación y consecuentemente no lo impulsan, se es incoherente en demasiadas ocasiones a la hora de aplicar nuestro discurso de romper/superar con el sistema, de cambiar nuestras relaciones con los partidos del sistema (PP y PSOE) (No es coherente acusar al PP y al PSOE de mantener una ley electoral injusta y luego no plantearnos a la hora de negociar los gobiernos municipales y autonómicos el exigir su cambio de forma coordinada a nivel federal, no es coherente acusar al PSOE y al PP de impulsar las políticas de la ofensiva oligárquica que sufrimos e inmediatamente en cuanto pasan las elecciones aplicar lógicas de pactos municipales o autonómicos propios del esquema de la Transición -Fundamentados en una gestión del sistema que se reproduce a cambio de tímidos beneficios sociales en la mayoría de los casos. La cuestión no está en el pactar o no pactar, la cuestión está en las formas y en el fondo, es decir, desde qué lógica se hace y qué es lo que se hace y no se hace, además de cómo se gestiona-, no es coherente que a nivel federal se haga política en contra de los recortes sociales como por ejemplo el del recorte del sueldo de los funcionarios y luego se apoye en los gobiernos autonómicos en los que estábamos -Asturias y Cataluña-, etc.), etc.

5. La conclusión es que en estas elecciones hemos demostrado que IU vuelve a crecer electoral y socialmente y que consecuentemente el rumbo es relativamente correcto a falta de cambiar el motor por otro con mayor capacidad de cohesión y unidad de las personas y colectivos de la izquierda española , que la refundación es la única vía de generar una estructura política, social y cultural de futuro para la confrontación de clase, que los que siguen instalados en lógicas de la etapa anterior de uno y otro “lado” son superados por la propia realidad, que los esquemas políticos nacidos en la Transición están en situación de defunción política primero porque los quebraron el PP y el PSOE, y en segundo lugar porque el cambio de época del capitalismo ha dejado atrás los márgenes de gobierno que teníamos desde el sistema para sustituirlos por la férrea disciplina de las políticas que emanan de los centros de poder. Del saber situarnos en el nuevo escenario depende nuestro futuro como sujeto político colectivo.

Estamos en un cambio de época, no en una época de cambios. La estructura económica y política nacida de la II Guerra Mundial y definitivamente tras la desaparición de la URSS está sufriendo notables modificaciones.

En 1950 EEUU acaparaba el 50% del PIB mundial. A finales del s. XX el bloque imperialista liderado por EEUU y Europa occidental se repartían casi el 70% de la riqueza mundial. Hoy día la proporción ha descendido al 50% fruto del crecimiento económico de las potencias emergentes.

El gigante banco de inversión Goldman Sachs elaboró un profundo y riguroso estudio de esta realidad cambiante, para sin duda clarificar la estrategia que tiene que seguir la oligarquía dominante a día de hoy. El estudio  indica que para el año 2030 “Occidente” (El campo imperialista liderado por EEUU) producirá el 40% del PIB mundial y el resto del mundo el 60% restante. De estos últimos solamente China, Rusia, India y Brasil aportarán 50 billones de dólares, cifra cercana a lo que aportará “Occidente” (56 billones). EEUU tendrá el 17% del PIB mundial frente al 23% de China. Francia perderá el 40% de su peso en la economía mundial, Italia el 50%, Reino Unido el 25%. España pasará del 3% del PIB mundial al 1%.

Entender la reestructuración económica mundial es esencial para comprender y combatir las reformas económicas contra los trabajadores que se están aplicando en “Occidente”. Pretenden explotar más y mejor: Privatizar pensiones, sanidad, educación, Cajas de Ahorro, servicios públicos, tejido productivo, desregular el mercado laboral, anular la progresividad fiscal, reducir salarios, etc. En definitiva, empobrecernos.

La salida social a la crisis es la contraria.

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Warren Buffet.

Tenía pendiente dar mi opinión sobre el Acuerdo Social y Económico entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos, así que lo hago a continuación ya que el debate es rico, no debe eludirse el posicionarse, y por supuesto debe servir para clarificar en primer lugar el acuerdo y determinar perspectivas de futuro partiendo de un análisis materialista, de clase.

La privatización de las pensiones en la lógica del capitalismo actual

Y hay que empezar por el principio, es decir, qué son o representan a nivel mundial los planes de pensiones privados. Partir de aquí es fundamental, porque es de dónde parten -como veremos a continuación- los centros de poder económico (y políticos) que impulsan la precarización/devaluación de los sistemas de pensiones públicos dignos que son una conquista histórica de los asalariados en beneficio de la privatización de estos en beneficio de los poderes financieros.

En este sentido, el Banco mundial (Institución controlada por los poderes económicos vencedores de la II Guerra Mundial y la caída de los regímenes del Este en 1989/1991) elaboró un informe en 1994 al calor de la ofensiva neoliberal titulado “Evitando la crisis de la vejez” que viene a ser un manual sobre cómo privatizar progresivamente las pensiones en los países del centro capitalista. El informe dice textualmente que “El primer paso es reformar el pilar público (del sistema de pensiones) retrasando la edad de jubilación y recortando el nivel de prestaciones empezando por los casos en los que son demasiado generosas. El segundo paso es crear el pilar privado.” Y para ayudar a crearlo, hay que “empequeñecer el pilar público de forma gradual”. A partir de este momento el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las patronales de la banca y de fondos de pensiones (poderes financieros) aceleraron decididamente en los países que controlan económica y políticamente a través de los partidos gobernantes que se han turnado en los últimos treinta años en nuestros gobiernos el plan expuesto, con un sistema con los dos pilares descritos en los que progresivamente los fondos privados fuesen ganando protagonismo, empequeñeciendo y precarizando el sistema público.

Así, entre 1995 y 2009 el capital acumulado por los fondos de pensiones privados en el mundo se multiplicó por más de 2,5 veces, pasando de 4,9 billones de euros a 12,7, es decir, ni más ni menos que lo equivalente al 27% del PIB mundial. En relación con esto es importante señalar que más o menos 7 billones de euros de estos fondos están controlados por corporaciones financieras de EEUU, es decir, más de la mitad. Relacionado con la actual ofensiva sobre los sistemas de pensiones públicos está la crisis sistémica que vive el capitalismo. Por ejemplo en el año 2008 los fondos privados de pensiones perdieron de media a nivel mundial el 18,3% de su valor. Como dijo Marx hace ya muchos años el capitalismo intenta salir de sus crisis conquistando nuevos mercados y explotando más concienzudamente los existentes (Lo que a su vez conlleva sucesivas crisis más graves), y ese es el punto en el que estamos, es decir, recuperar las pérdidas y aumentar el capital destruido aumentando la tasa de extracción de las rentas del trabajo a las del propio capital. Para ello hay que aumentar el grado de explotación en dirección a las pensiones privadas y recortar el sistema público creando un clima de opinión en la población basado en su insostenibilidad (Lo cual es rotundamente falso). Sobre este último punto la campaña mediática es enorme, para que al final la población acabe pensando que efectivamente el sistema público de pensiones no es posible mantenerlo y que en definitiva las reformas para su privatización son correctas. Se dedican concienzudamente a engañar a la opinión pública, con la ayuda y a través de políticos gobernantes y la mayoría de la oposición afín al sistema que en definitiva no son más que siervos voluntarios, porque los planes de pensiones privados son una baza de gran valor para el capital financiero porque supone ni más ni menos una ingente entrada de fondos durante 30 o 40 años de vida laboral de millones de trabajadores. Todo ello para invertirlo donde mejor estimen (Por ejemplo en deuda pública con la que posteriormente especular con ella), con el añadido de que si la inversión resulta fallida y produce pérdidas en vez de ganancias los que pierden no son ellos.

Por otra parte, los estudios sobre los fondos privados de pensiones en España indican que su rentabilidad para los que invirtieron e ellos en los últimos diez años ha sido prácticamente nula, ya que de promedio la rentabilidad fue inferior a la inflación acumulada de esos años. Por el contrario los que sí han tenido grandes ganancias gracias a los 10 millones de españoles que ya tienen contratado fondos de pensiones privados fueron los bancos que los gestionan (El BBVA está a la cabeza en nuestro país) gracias a las elevadas comisiones (del 2,7%) que cobran, llegando incluso a poder hacer perder dinero a sus inversores.

Situación precedente en España

En definitiva, este es el nudo gordiano de la reforma de las pensiones. No la garantía del sistema público de pensiones como afirman mintiendo el Gobierno y la patronal. Pero en mi opinión, para hablar más en concreto de la reforma en España hay que hablar de la situación precedente, la cual se debe fundamentar en que ya España estaba y está a la cola de la media de la Unión Europea (UE) en materia de gasto y protección social. En mi opinión se debe partir de los siguientes datos:

1. La pensión media contributiva en España es el 68% de la pensión media contributiva de la Unión Europea de 15 países (UE-15), y la no contributiva el 46%.
2. El gasto público en pensiones en el año 2007 (Último dato disponible) está 3 puntos por debajo (9% del PIB) del promedio de la UE-15 (12%). Países como Francia gasta el 13,3% del PIB.
3. El gasto público en protección social es el 7% inferior a la media de la UE-15, lo que equivale alrededor de 70.000 millones de euros al año.
4. El fondo de reserva de la Seguridad Social tiene un superávit de 62.500 millones. Incluso en el año 2010, con entre cuatro millones y medio y cinco millones de parados reales ha habido superávit. En Francia, por ejemplo, ni se dispone de un fondo de este tipo. Por otra parte, la viabilidad del sistema tal y como está en la actualidad está garantizado por lo menos hasta el año 2029, lo que evidencia que las intenciones de la reforma van en el sentido descrito en este artículo y no el que declaran sus impulsores. Y en cualquier caso las reformas necesarias son en el sentido contrario, y más en la crisis sistémica que vivimos que va a cambiar en gran medida el mapa social de Europa en el sentido negativo.
5. Desde 1995 el PIB español se ha multiplicado 2,3 veces (Lo que, por cierto, anula los argumentos relativos al envejecimiento de la población, porque excluyen la productividad -Por ejemplo un 2% de la población produce hoy 10 veces más alimentos que el 18% hace cincuenta años-, el que mientras por ejemplo en los países nórdicos el porcentaje de la población activa es del 72% en España es del 52%, eliminan la posibilidad de una fiscalidad progresiva, etcétera.) mientras que el gasto en pensiones o no ha crecido o incluso ha descendido un punto porcentual.
6. El 71,75% de los pensionistas tienen pensiones por debajo de los 1000 euros, y el 58% por debajo de los 600 euros. Datos que evidencian el grado de precariedad y precarización de nuestro sistema de pensiones. Simplemente elevar a 650 euros mensuales la pensión a los cuatro millones y medio de pensionistas que cobran por debajo de dicha cantidad supondría un gasto anual de poco más de 6.000 millones de euros, que por cierto es una cantidad similar a la que recibe del Estado la Iglesia entre exenciones fiscales, dinero de los fondos públicos, etc. Gastando la proporción del PIB que gastan países como Italia o Francia se podrían elevar de media las pensiones en alrededor de 500 euros mensuales.
7. La presión fiscal en España tiene un diferencial con la UE-15 del 6% menos. Esta a su vez ha tenido la mayor caída de los países de la OCDE entre los años 2007 y 2009. España es un país en el que las rentas del trabajo soportan una gran carga fiscal y las rentas del capital una de las menores de la Ue-15. Por ejemplo el pasado año el Banco Santander Central Hispano tributó el 11.39% de impuestos sobre resultados del ejercicio, el BBVA el 19,9% o el Banco Sabadell el 7,88%. Según un informe reciente de la OCDE el peso de los impuestos y las cotizaciones sociales sobre el PIB bajó del 37% al 30,7% y no sólo por los efectos de la crisis (Que también padecen otros países) sino por los denominados planes de “estímulo” a la banca y empresas (Es decir, aumento de la tasa de extracción de las rentas del trabajo al capital), la eliminación del impuesto de Patrimonio y Sucesiones o la bajada de impuestos directos (Sociedades y IRPF). La presión fiscal de por ejemplo Francia está en el 41,9%.

Los datos anteriores ilustran la precariedad de nuestro sistema de pensiones, que en definitiva es una política de clase, porque los que se ven afectados son los asalariados fundamentalmente, que en su inmensa mayoría no tienen otro sistema de tener unas pensiones dignas que a través del sistema público, especialmente si tenemos en cuenta la precariedad de nuestro mercado laboral, la precariedad de los sueldos, la falta de protección laboral.

Los fundamentos de la reforma de pensiones

Dicho esto ya podemos entrar en los fundamentos de la reforma, o más bien la agresión cometida contra los asalariados. Hay que empezar diciendo que en términos generales representa un recorte del 20%  de la pensión media, llegando al 3% el recorte de gasto en pensiones públicas una vez que esté completamente implantada. El recorte se reparte de manera desigual, siendo el impacto más grave para las generaciones más jóvenes.

1. Generalización de la edad legal de jubilación a los 67 años. Sólo aquellos que acumulen 38,5 años cotizados podrán jubilarse a los 65 años o, en su caso, a los 66 años con el 100% de la pensión. Este es el colectivo que ya se está generalizando y que se generalizará en las próximas décadas. La situación se agrava si tenemos en cuenta que el paro juvenil en nuestro país es un elemento estructural y no coyuntural, ligado a nuestro modelo de desarrollo (900.000 jóvenes con menos de 25 años están desempleados en nuestro país), con lo que se condena a la mayoría de la población a no tener una pensión digna. El hecho de fijar en los 38,5 años la cotización exigida para cobrar el 100% de la pensión  es el mecanismo que en la práctica fija para la mayoría de la población el alargamiento de la jubilación a los 67 años. El impacto de la reducción de la pensión por el retraso de la edad legal de jubilación se estima en más de un 14,4% de recorte. Así jubilarse a los 65 años será un hecho muy minoritario.
2. El hecho de pasar de 35 años de cotización a 37 para jubilarse a los 67 años para obtener el 100% de la pensión implica un recorte del 4,56%. Además cada pensionista con menos años cotizados que los exigidos descenderá tantos escalones de su base reguladora como meses le falten para ese máximo –a un precio entre 0,21% y 0,18% cada mes-. Se estima que sólo el 20% de la población actual podrá jubilarse a los 65 años sin merma de pensión.
3. El periodo de cómputo para el cálculo de la pensión pasa de 15 a 25 años, lo que supone un recorte del 7%.
4. Se modifica la jubilación anticipada, pudiendo acceder a ella con 61 años pero con una sustancial penalización en la cuantía de la pensión. Será voluntaria a los 63 años (Hasta los 67, con 33 años cotizados) pero con una alta penalización al quedarse sólo con el 62% de la pensión.
5. El reparto del recorte del que hablábamos según los colectivos se resume en que a unos se les limita la baja y a otros se aumenta el recorte previsto. Ponemos unos ejemplos concretos de Antonio Antón. “Asalariados con 65 años de edad y 35 de cotización antes percibían el 100%; con el acuerdo el 74% con un recorte de 26 puntos. Con 65 años de edad y 38,5 de cotización, antes el 100%, con el acuerdo el 93%, con 7 puntos de penalización. Con 63 años de edad y 33 años de cotización antes el 80%, y con el acuerdo el 62% con 18 puntos adicionales de penalización”.
6. Como aspectos positivos mencionar el caso de los becarios con la obligatoriedad empresarial  de aportar sus cotizaciones sociales, aunque hay que matizar que esto está supeditado a que se hagan cargo ellos mismos (No la institución en la que han trabajado) de las cotizaciones, vía convenio especial con la Seguridad Social. Otro elemento es el reconocimiento a la madre de nueve meses de cotización, hasta un límite de dos años, aunque sólo si está empleada en ese momento y pida excedencia para el cuidado del hijo, lo cual por una parte contribuye a profundizar el patriarcado en nuestra sociedad y a la vez teniendo en cuenta la realidad de nuestro mercado laboral es un riesgo para sus carreras laborales además de no percibir salario ni prestación de desempleo.
7. Finalmente, como elemento especialmente peligroso para el futuro se incluye la revisión del sistema cada cinco años en función de la esperanza de vida, lo que está encaminado a futuros recortes porque se acepta en el acuerdo la variable de la esperanza de vida a los 37 años para adecuar los “parámetros fundamentales del sistema”, lo que ya incluye de por sí un recorte adicional del para el año 2027 del 2,5%.

Todo esto es, en definitiva el mayor ataque a los asalariados desde la Transición del régimen franquista a nuestro actual modelo de democracia capitalista. Todo esto en definitiva  supondrá un “ahorro” de 40.000 millones de euros según refleja la memoria económica del anteproyecto de Ley. Curiosamente la misma cantidad que figuraba en el documento enviado a Bruselas en enero del año 2010.

El resto del acuerdo

Hablar del resto de acuerdo tiene poco sentido, porque se compone fundamentalmente de una serie de apartados accesorios de la reforma de las pensiones, superficiales a pesar de que los sindicatos lo hayan querido vender como algo sustancial que justifique el acuerdo.

1. “Acuerdo sobre Políticas Activas de Empleo y otras materias de índole laboral”. Más de lo mismo. Manifiesto de desarrollo de políticas activas de empleo que nunca se ponen en práctica y que por supuesto se pretende hacer por la vía históricamente ineficaz de reducir las cotizaciones empresariales.
2. Acuerdo sobre Política Industrial, Política Energética y Política de innovación. Más de lo mismo. Compromisos de palabra para impulsar un cambio en el modelo productivo, energético, etc. Resulta que no ha pasado un mes y lo primero que han hecho es anunciar el alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares. En cambio hay un aparatado peligroso, y es el que incluye la política que está siendo una de las vías para la privatización de la sanidad en nuestro país: “Impulsar alianzas-programas de financiación de la cooperación público-privada en los sectores de la energía  y la salud”.
3. En lo referente a la negociación colectiva el acuerdo sólo contiene generalidades y afirmaciones abstractas y ambiguas que no incluyen ningún freno a la ofensiva para eliminar los convenios de sus respectivos ámbitos. Veremos cómo en poco tiempo, apenas unos meses, afrontaremos una fuerte ofensiva contra los convenios colectivos por parte de la patronal y por parte del mismo Gobierno (La reforma laboral ya incluye materia en este sentido).

La cuestión sindical: Tenemos un problema

La conclusión clara es que la negociación de los sindicatos y el Gobierno no ha suavizado ni frenado en sus fundamentos el plan del Gobierno. Éste envío hace un año a Bruselas su informe en el que preveía un ahorro con la reforma de 40.000 millones y lo ha conseguido. Es más, con relación al documento de hace un año se ha añadido el recorte de aumentar de 35 años a 37 los años necesarios para tener el 100% del a pensión. Sencillamente, lo que han hecho los sindicatos es intercambiar una reducción menor hacia un colectivo de trabajadores por un mayor recorte de lo previsto a otros, junto con la opción de poder jubilarse a los 65 años (O 66) sin penalización adicional por jubilación anticipada si se tiene cotizados al menos 38,5 años. La dimensión de esta medida frente a la envergadura de la reforma como podréis comprobar es nimia. En definitiva es una reforma regresiva y no justificada económicamente desde el punto de vista la viabilidad indudable de un sistema de pensiones público digno, el único al que pueden acceder la mayoría de los trabajadores.

Por otra parte no hay un acuerdo con medidas concretas de cambio en la política socioeconómica, laboral y fiscal. Todo ello con unas cifras de paro que doblan la media europea, con un incremento general de la desprotección pública y un empobrecimiento general de los asalariados y las personas mayores. Todo ello en un contexto en el que somos de los países de la UE donde mayor diferencia hay entre las clases sociales, como lo muestra por ejemplo el escalofriante hecho de que los años de vida entre una persona perteneciente a la decila de rente más baja del país (Los más pobres) y la decila superior (Los más ricos) es de diez años de diferencia de media. En EEUU son quince y en la UE-15 siete.

En definitiva el 29 de Septiembre y el 2 de febrero son fechas antagónicas en términos políticos. Y lo grave es que el 2 de febrero ha barrido el 29 de septiembre. CC.OO y UGT han echado por la borda todo ese trabajo realizado por las bases de la izquierda política, sindical y social de este país, un trabajo que dio sus frutos en una huelga general que, teniendo en cuenta la inacción de tantos años y la ofensiva política y social de la derecha -al margen de siglas- contra el sindicalismo y la movilización social, resultó exitosa. Exitosa no en el sentido de que fue una movilización tan potente que fuese capaz de hacer recular al Gobierno y retirar su agresiva reforma laboral contra los trabajadores, pero sí desde un punto de vista de clase en el sentido de que era la primera piedra para iniciar un ciclo de movilización y resistencia capaz de construir una alternativa social a la crisis y frente a las políticas neoliberales desde las que los poderes hegemónicos pretenden salir de ésta a través de las políticas de los partidos socialista y popular europeo fundamentalmente. Frente a esto los poderes hegemónicos intentan trasladar todos los capitales posibles del tercer mundo al primer mundo, y de la periferia del primer mundo -países como España- a los países centrales del norte capitalista (EE.UU, Alemania, Francia, etc.), todo ello con el objetivo de verse lo menos dañados posible e iniciar un nuevo proceso de acumulación de capital explotando mejor los mercados por la vía de reducir los salarios, privatizar los servicios públicos, reducir a la mínima la protección social y laboral, etc. Ambas posiciones conjugan lo que históricamente se ha llamado la lucha de clases.

Y es en este sentido, por encima del pacto, en el que la actitud de CC.OO y UGT tendrá una influencia muy negativa en la lucha contra las políticas del Gobierno, de la UE, del FMI, el BM, etcétera y sobre todo para la construcción de un polo alternativo que va conformándose con el movimiento frente a estas políticas, elemento que también es necesario para CC.OO si quiere enfocarse al futuro como estructura sociopolítica con voluntad socialista o lo contrario será convertirse en una empresa de servicios porque el propio sistema no le va a dejar otra opción. Simplemente el hecho de que CC.OO (Dejo ya UGT al margen) asuma el discurso de que hay que ganarse la “confianza de los mercados” y las instituciones internacionales es darles el aval de que sólo mediante la devaluación interna de los salarios se puede escapar a los ataques de estos. Esto, sencillamente, es asumir los esquemas del juego del enemigo, no hacer una lectura correcta del tiempo histórico en el que estamos (Entre otras cosas determinado porque el peso de España y del conjunto de Europa en la economía mundial va a descender porcentualmente, la exigencia ante la aparición de nuevos polos de oligarquías de las economías emergentes ante las que las oligarquías de EE.UU y Europa sólo pueden responder devaluando nuestras condiciones de vida si quieren seguir existiendo como clases dominantes) y que en consecuencia no ver que los ataques sociales no van a parar y que por el contrario se van a acrecentar, y en definitiva situarse al margen de toda lógica que construya desde la base un movimiento alternativo, antineoliberal (Que para la izquierda política tiene que ser obligadamente anticapitalista). Y tiene un elemento agravante, y es que todo esto supone legitimar las políticas de ajuste económico que no generan consumo y deprimen la actividad económica (Aun siendo necesario reestructurar ésta, incluyendo un decrecimiento porcentual de nuestra economía), que a su vez destruye empleo, lo que a su vez es un motivo más para los “mercados” para dudar del pago de la deuda soberana del país.

Hay quien dice que sin acuerdo de los sindicaos no se hubiese podido parar la reforma. Pero no es esto lo sustancial porque lo único que hace es debilitar aún más la izquierda política, sindical y social de nuestro país. Si el Gobierno quiere aprobar la reforma que así lo haga, y que se responsabilice de ella. Sin embargo el que los sindicatos participen de ella lo único que ha conseguido es que en sus fundamentos la reforma se vaya a aprobar y a la vez los ha debilitado de cara a la sociedad, de cara a la izquierda política, a los movimientos sociales más dinámicos, y especialmente frente a los jóvenes. ¿Estaría peor la izquierda sindical y política del país si no hubiesen firmado y por el contrario hubiesen defendido los derechos sociales de los ciudadanos enganchando el movimiento con el creado el 29-S? Desde luego que no. Por el contrario el regreso a la concertación social es desactivar el granito de arena del 29-S en lo que se refiere a militancia, experiencia unitaria, crédito ante la sociedad y especialmente ante los trabajadores, etc. Que nadie dude de que la crisis está instalada en nuestras sociedades para mucho tiempo, que las contradicciones de clase se van a acentuar, que los ataques van a aumentar, pero la actual situación determina que futuras movilizaciones serán mucho más difíciles de articular y acumular fuerza social en torno a ellas, ya que todo esto ha potenciado los efectos negativos de la cultura de la desmovilización, ya que el pacto traslada a los asalariados resignación y desorientación y esto favorece la ofensiva del gobierno y patronal que siempre se produce a continuación.

El seguir el ciclo movilizador debía, y debe, tener como objetivo seguir acumulando fuerzas. Es imposible la regeneración de la izquierda si ésta se instala en la política de acuerdos inasumibles por la falta de movilización potente, porque esta lógica lleva a aumentar la desmovilización por falta de confianza de los trabajadores en sus organizaciones de clase de referencia, las voten o no. Y a su vez es huir de explicar por qué del potente movimiento sindical existente en nuestro país en la primera década de los noventa desapareció. Y huyen de explicar esto porque precisamente desapareció en el momento en el que primero CC.OO asumió dejar a un lado la concepción del sindicato como organización sociopolítica que no asumía las doctrinas que emanaban de los poderes hegemónico y posteriormente Izquierda Unida desde el inicio de la década del 2000 se integraba en la lógica institucional para ser un elemento más de la concertación social fundamentada por la negociación en las instituciones de migajas frente a lo que suponía de avance las políticas del sistema para éste, dos procesos que determinaron la destrucción por la base de sus estructuras militantes.

Es el momento de no resignarse, de generar resistencias con la mirada puesta en el medio plazo, de trabajar por la recuperación del sindicato como defensores de los derechos de los trabajadores en el sentido amplio, de recuperar sinergias entre la izquierda política, sindical y social, de trabajar desde la base en torno a programas planteando una salida social a la crisis que genere confluencias entre las distintas sensibilidades de la izquierda pero sobre todo permita abrir espacios para la acción militante de la mayoría de los trabajadores que hoy no están organizados. Este trabajo le corresponde a la izquierda política, dotar al conflicto social de contenido político.

Por último, apuntar algo que me parece importante. La izquierda política que tiene su raíz en el movimiento obrero que surge con el desarrollo del capitalismo nunca ha estado exenta de contradicciones con sus organizaciones sindicales. Esta izquierda política, por lo general de raíz marxista, no se organiza en organizaciones sindicales que pueden tener planteamientos tremendamente correctos en el sentido político, económico, social, etcétera pero a su vez son organizaciones ultra minoritarias sin ninguna influencia en la sociedad. Esta izquierda trabaja allí donde se organizan los trabajadores y dónde está su segmento dentro de la clase más avanzado, en el caso de España CC.OO. Siempre desde el respeto a los compañeros que se organizan en estructuras sindicales como la CGT, CNT, USO, SAT, etc., y por supuesto con el convencimiento de que compartimos las luchas aquí y ahora y en el futuro, que podemos confluir políticamente y cuanto más mejor. Pero no nos engañemos y confundamos la crítica a CC.OO con la percepción de que el salirse de ésta permite desde estos sindicatos o desde la creación de uno nuevo asaltar el cielo o simplemente tener una influencia media sobre los asalariados o la sociedad en general. Los sindicatos minoritarios existen desde la Transición, las fugas de la izquierda sindical de CC.OO -incluyendo la creación de una nueva estructura sindical- ya han ocurrido en el pasado y estamos peor que antes, es decir, con una izquierda sindical mucho más debilitada. La labor militante se debe centrar en el trabajo cotidiano en el fortalecimiento de nuestras estructuras de la izquierda política, en el reforzamiento de la izquierda sindical en base a posiciones sociopolíticas concretas intentando crear hegemonía cultural en el sindicato con bases en diferentes formar de articular su participación política, creando hegemonía en torno a posiciones políticas que escapan a la concertación social en un periodo histórico en el que ni siquiera ésta es posible porque no quiere la clase dominante al margen de lo que quieran las direcciones sindicales salvo que éstas acuerden cosas en términos de práctica rendición, etc.

Por todo esto hay que huir de dos posicionamientos que he visto en la izquierda política durante estos días. Por un lado la de los “izquierdistas” que prácticamente centran sus ataques a CC.OO y UGT ampliando el blanco de tiro junto con la patronal y el Gobierno, porque esto no hace otra cosa que debilitar a la izquierda en su conjunto, generando resignación y desmovilización en la sociedad. Y la otra posición a rechazar es la de los compañeros de IU Abierta que “valora positivamente el trabajo negociador de los sindicatos en materia de pensiones”, ya que es legitimar desde el ámbito político lo que no es otra cosa que la postración del mundo sindical frente a los poderes económicos contribuyendo a desarticular o dificultar la creación de nuevos polos de resistencias frente precisamente a las políticas que acuerdan.

Para ello el análisis de clase desde una óptica materialista es la mejor opción para hacer política y no politiquería, porque además ya saben ustedes que como decía el maestro Manuel Sacristán “política sin ética es politiquería, y ética sin política es narcisismo”. Y estando en año electoral nada mejor que datos concretos para combatir las mentiras que lanzan el PP y el PSOE por ejemplo cuando presentan a sus candidatos o cuando hablan de crear empleo y proteger a los trabajadores.

Yo en este caso simplemente voy a dar los datos fundamentales de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el año 2011 comparándolos con elementos centrales de los Presupuestos Generales del Estado, y al final una breve conclusión, aunque la verdad es que no hace ninguna falta.

Los Presupuestos Generales del Estado impulsados por el PSOE en lo que se refiere concretamente a Castilla y León la reducción de gasto se centra en los apartados de Ciencia e Innovación e Industria, pero en general la característica fundamental es que dejan en mínimos la inversión real, dato que evidencia el hecho de que de los 1755 millones de inversión real, 1029 millones se gastan en las líneas del AVE (A la vez que a nivel estatal -y lógicamente también al nivel regional- se potencia la privatización del ferrocarril y se reduce la inversión y kilómetros de vía en el ferrocarril de cercanías, que es el verdadero ferrocarril social para la ciudadanía, además de vertebrador del territorio social/económicamente y de gran importancia para una política de transportes ecológica).

En lo que se refiere a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma aprobados por el PP hay que decir que para empezar se hace un cálculo sobre el presupuesto de gastos e ingresos que no se ajusta con la realidad, se infla el apartado de ingresos en alrededor de 400 millones de euros procedentes de Fondo de Cooperación (211 millones) que el Ministerio de Economía ya afirmó que no abonará, el computo como ingreso de un anticipo de impuesto del Gobierno central a la Comunidad por valor de 88,7 millones y que ésta debiera devolver por haber quedado la recaudación por debajo de los valores de dicha entrega, 97 millones de préstamos financieros que no computarían a efectos de deuda, etc. Por otra parte se ahonda en el proceso de favorecer fiscalmente al capital al crear siete nuevos beneficios fiscales y ampliar otros seis (Lo que sumado a otras treinta rebajas fiscales existentes suponen 400 millones de euros), y como paralelismo de las políticas que están desarrollando en el país el PSOE y el PP se recorta gravemente el gasto social: Las inversiones totales se reducen el 21,08% (si se excluye de éstas a las empresas públicas se reducen el 32,47%), en Educación la reducción es del 6% pero contando las inversiones en la materia llega al 34%, en Sanidad el presupuesto global se reduce contando las inversiones reales Gerencia Regional de Salud al 7%, el presupuesto de la Gerencia de Servicios Sociales en apariencia aumenta el 7% pero si se cuenta el conjunto de inversiones cae un 55% y las correspondientes a discapacidad el 76%. En Protección y Promoción Social el Presupuesto en conjunto cae un 3,28% y las Inversiones disminuyen un 41,98%. En resumen, el conjunto de asignaciones presupuestarias disminuyen en cada una de las áreas de gastos, con preponderancia de los subprogramas de Urbanismo y Vivienda (-12,77%) y Fomento del Empleo (-7,35%). Por sectores económicos la disminución del gasto es del 21,63% en Comercio y Turismo, del 33,46% en Infraestructuras y del 17,51% en Industria y Energía, del 3,32% en Agricultura, Ganadería y Pesca y del 8,35% en Otras Actividades Económicas. Por supuesto de la recuperación del Impuesto de Patrimonio y Sucesiones ni se habla, ni de apostar por una política fiscal progresiva, ni de Banca pública o protección de las Cajas de Ahorro frente a su privatización, ni de desarrollo del tejido productivo desde la inversión pública, etc.

Ahora pasemos a datos fundamentales de los PGE para el 2011. Pero añadiendo antes un dato importante sobre la deuda pública, fundamentalmente para evitar el engaño de lo relativo a la deuda y los “mercados” (¿Quién son los mercados? Fundamentalmente los grandes bancos y las grandes empresas, las mismas en cuyo beneficio están legislando los poderes públicos a nivel nacional y autonómico.): Dicha deuda ha sido al final del 2010 el 62% del PIB mientras que la media de la zona euro es del 84%, siendo superior la de países como Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos, Japón, etc.).

Dicho esto, los datos: Disminuciones en Educación el 8,1%, en I+D+I el 7%, en el Presupuesto de Medio Ambiente el 31,3%, en el Ministerio de Fomento el 34,6%, en el Presupuesto de la Agencia Tributaria el 5% (Mientras el fraude fiscal se sitúa en el 23%, lo que supondría ingresos para la arcas públicas por valor de alrededor de 90.000 millones de euros), la financiación a las Administraciones locales disminuye el 21%. No se introduce ninguna medida de fiscalidad verde, no se recuperan los impuestos a las grandes fortunas abolidas en el pasado reciente y por el contrario se aumentan los beneficios fiscales (Renta de no residentes: + 30%; Sociedades de inversión: +898,2%), no se aborda una reforma fiscal progresiva  ni lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, ni la creación de una Banca pública (Por el contrario se crean los mecanismos legales para la privatización de las Cajas de Ahorro), ni la creación de tejido productivo desde la inversión pública y la diversificación de la economía.  Finalmente esto está acompañado por que España tiene un PIB por habitante en el año 2007 que es el 93% del PIB por habitante promedio de la UE-15, sin embargo, su gasto público social por habitante (2007) es sólo un 74% del promedio del UE-15. Si fuera un 93%,  en lugar de un 74%, habría alrededor de 70.000 millones de euros más en su gasto público social.

¿Qué significa todo esto? Pues que se continua con la política de aumentar el grado de traslado de las rentas del trabajo al capital, progreso en el proceso de privatización de los servicios públicos, se renuncia a la inversión pública para favorecer el desarrollo económico de la región y el conjunto del país, también a combatir la crisis y a la vez se recortan los apartados de gasto más necesarios para los sectores más vulnerables de sociedad y el conjunto de los trabajadores.

Sólo hay dos opciones y dos orillas: Callarse y en consecuencia ser cómplice de estas políticas o denunciarles públicamente y organizarse para combatir a ellas y a sus impulsores a todos los niveles.