13 July 2008 – 13:50
Uno de los supuestos padres de la Constitución española explicó en una homilía muy propia de su religión civil lo que las cosas “son” a propósito de referendums y lenguas en la España actual, ante el arrobo de sus devotos y la sonrisa de los que “están en el secreto”. Hablaba de la dicha Constitución como tal vez Moisés podría haber hablado de las Tablas de la Ley que Dios le había entregado directamente. Pero no es el caso. Una constitución (y también la española) es un simple compendio de reglas del juego generales, fruto del trabajo de los hombres (normalmente varones) que militan en partidos y que reflejan los intereses de estos últimos y que en el mejor de los casos se somete a referéndum en el que tienes que decir si o no a la totalidad, de forma que si estás en contra de algo (por ejemplo, la Monarquía) y a favor de otras cosas (el Estado social de derecho) tienes que optar entre el sí y el no, con lo que es difícil saber qué tipo de aprobación tiene realmente cada uno de los Mandamientos de la Ley de Dios. Para que todo conste en acta, recuérdese que la abstención y el no fueron particularmente notables en el País Vasco. Como todo documento humano es limitado y tiene defectos y, por tanto, puede cambiarse en cuanto se quiera según los procedimientos que marca la misma constitución (con enmiendas a la estadounidense o con renovación a la española). Y como toda obra humana, puede servir para un roto y un descosido, de forma que cada cual toma lo que le conviene y olvida lo que igualmente le conviene. Eso sí, y como hizo nuestro predicador, exaltando el carácter divino del sagrado texto en aquello que le conviene mantener y el carácter humano de aquello que le conviene cambiar. El “Manifiesto por la lengua común” es un caso más: acepta la constitución como verdad indudable en aquello que le conviene y propone cambios en aquello que no le conviene. Los contrarios a ese tipo de uso de la “lengua común” (que ven como impuesta) hacen exactamente lo contrario: se aferran a unos textos y reclaman su derecho a cambiar aquellos que no les conviene. Eso es la política al fin y al cabo y se resuelve deliberando (no atacándose mutuamente) y, finalmente, votando.
El asunto de las lenguas es complicado en cualquier país plurilingüe (sólo hay 6 monolingües en todo el mundo y aun en ellos hay que descontar la presencia de inmigrantes de otras lenguas: Portugal, Dinamarca, Polonia, el Japón, Uruguay, Islandia). Depende de la relación entre los grupos sociales que las usan y depende de la historia. Tal vez el caso de Bolivia y del Ecuador puedan servir de contrapunto y eso que ninguno de los dos países es particularmente heterogéneo en ese campo (no como Papúa-Nueva Guinea, Indonesia, México, la India por poner ejemplos extremos). Tienen historias parecidas pero el contenido social de sus respectivas lenguas no es el mismo ni es lo mismo un presidente como Correa que un presidente como Morales (y, para ser exactos, no es lo mismo lo que piensan y han escrito sus respectivos vicepresidentes: el de Morales, García Linera, q’ara, criollo, es mucho más indigenista que el mestizo -cholo- Morales, cosa que no sucede en el Ecuador donde lo que predomina de manera casi absoluta en gobierno y asambleas son los blancos). Pero a lo que vamos: Estos son los dos párrafos pertienentes del artículo 5 del capítulo I de la Constitución aprobada por la mayoría requerida de la Asamblea Constituyente (se requería mayoría de los presentes, pero la oposición estuvo ausente por diversos motivos entre los que algunos incluyen que se les impidió acceder al recinto en el que se votaba y otros recuerdan que la norma originaria era mayoría de dos tercios y no mayoría simple) y pendiente de referéndum aunque los revocatorios del próximo día 10 vayan por delante.
I.Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyaikallawaya,machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco.
II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano.
De entrada, lo llaman castellano, no español. Y si en algún departamento se hace la interpretación apropiada de estos dos artículos o se regulan mediante su propio estatuto de autonomía (el de Santa Cruz tenía muchos elementos en común con el catalán), no sería impensable un “manifiesto por la lengua común”, cosa mucho más complicada allí que en España.
El caso ecuatoriano todavía está “in fieri”. En un primer momento, se pensó poner como lenguas oficiales del Estado el castellano (sic) y el kichwa, dejando las demás lenguas, sin enumerar, como de “uso oficial” que es algo indeterminado. A lo que parece, en el texto que ahora se discute ha desaparecido la palabra kichwa y queda el castellano como única lengua oficial. Una búsqueda por la web de la Asamblea Constituyente no me aporta mucha más información más allá de que el castellano es la lengua oficial y las lenguas ancestrales (el castellano no lo es) son de “uso oficial”.
El hacer cuestión del kichwa es curioso: es una lengua imperial como lo es el castellano. Este último fue impuesto por los consquistadores que siguieron en el poder como republicanos, conseguida la independencia. Curioso que nadie haga problema de la “lengua común”, ni en Bolivia ni en el Ecuador: son criollos y ésa es su lengua. Pero el quechua ecuatoriano (kichwa como ellos lo llaman, qheshwa como se diría en el quechua que yo aprendí en Cochabamba) es también una lengua imperial: la impusieron los incas cuando conquistaron los territorios del Norte (y del Sur) del Cuzco y la remacharon los misioneros europeos que la utilizaron como lingua franca, como todavía lo es ahora en partes de Bolivia que yo sepa.
Los argumentos de los defensores de la inclusión del kichwa son claros: hay un elemento simbólico relacionado con la aceptación, como en Bolivia, del carácter plurinacional de su Estado y hay una apuesta por respetar, conservar y estimular las lenguas minoritarias y oprimidas (lo importante es lo de oprimida, porque, en algunos territorios son mayoritarias).
Por tendencia visceral, me suelo alinear (tal vez alienar) con el débil, el perdedor, el minoritario y oprimido. El lío en que se meten los gobernantes bolivianos y ecuatorianos no es tan grande como el lío del que se partía en España: en los países andinos los hablantes de lenguas minoritarias en el Estado no tienen organizaciones políticas suficientes. Cierto que la CONAIE, en el Ecuador, puede presionar por lo del kichwa. Pero no es comparable a un PNV en el País Vasco o a CiU en Cataluña. Pero 500 años son muchos años y tiene sentido desandar una parte de lo andado aunque el problema sea el petróleo, la crisis financiera, la crisis alimentaria y otras menudencias.
En el caso español, en cambio, me siento ambivalente. Desde una perspectiva española (centralista, jacobina), tiendo a estar de parte de los minoritarios vascos, catalanes, valencianos, gallegos y hasta puedo incluir bable, panocho, extremeño, fabla y lo que haga falta. Pero llegado al territorio en el que la lengua deja de ser minoritaria y pasa a ser mayoritaria y, además, es impuesta como el español es impuesto por los jacobinos, no puedo estar de parte de estos nuevos impositores que, sin necesidad de identificación con el pasado agresor, hacen lo que el agresor pasado hizo con ellos: imponer una lengua. Cierto que por desandar lo andado, por garantizar la posibilidad de que los hablantes sigan hablándolo, pero no acabo de sentirme a gusto con esas políticas de merma de la libertad. Como no estaba a gusto con las políticas lingüísticas de merma de la libertad practicadas por los franquistas.
¿Qué políticas lingüísticas se derivarán de las constituciones boliviana y ecuatoriana? No lo sé, pero es ahí donde está la cuestión, no es la formulación. También la Constitución española reconoce el derecho al trabajo y a la vivienda y ya me dirá usted para qué sirve un derecho si no se garantiza su disfrute. La realidad no se crea con las leyes (no se refunda un país cambiando su constitución), pero sí es obvio que las leyes, como reglas de juego, dicen lo que se puede hacer y lo que no, teniendo efectos si van acompañadas de los correspodientes premios y castigos. Y eso es exactamente lo que hay que ver, no tomar la constitución para lo que interesa (defensa del castellano -español que dirán los españolistas, pero no en Bolivia y el Ecuador-) y cambiarla para lo que no interesa (políticas lingüísticas periféricas). Otros pueden pensar de otra forma ya que estas cuestiones lingüísticas, además de intereses de los enseñantes y de los editores, son básicamente religiosas y es difícil, si no imposible, discutir sobre ellas. Desde las otras religiones (la nacionalista catalana o la nacionalista vasca) el manifiesto en cuestión se ve como un despropósito que no entiende ni quiere entender lo que estos nacionalistas proponen: defender una lengua como los españolistas quieren defender la “lengua común”, cambiando la constitución si hiciese falta… que es lo que los nacionalistas vascos y catalanes estarían encantados de hacer, aunque cambiarían otros artículos e incluso capítulos. Pero a estos se les dice que no se puede cambiar y es de suponer que a los otros se les dirá lo mismo, así que, al final, sólo se trata de un banderín de enganche, un ejercicio de agitación, un acto de fuerte carga simbólica sin apenas consecuenicas excepto para que yo me encuentre al borde de discutir con un par de amigos que, desde la derecha y desde la izquierda, lo han firmado. Por supuesto que no he discutido.
Nota: el texto del Manifiesto por la Lengua Común que ofrece el periódico español El Mundo termina así (accedido hoy):
Firmas (orden alfabético): Mario Vargas Llosa, José Antonio de la Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella,Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, Jose Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, Jose Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater
Cierto que Mario Vargas Llosa tiene la nacionalidad española, pero de ahí a ponerlo el primero “por orden alfabético” hay un trecho, y lo mismo puede decirse del segundo firmante que, por cierto, se desfirmó al ver la manipulación política que suponía el manifiesto.
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