Una de las primeras medidas que lleva Syriza (la izquierda griega, favorita para ganar las elecciones de junio) en su programa electoral es una auditoría de la deuda pública. Es algo que también incluía Izquierda Unida en su programa para las elecciones de noviembre y también algo que se hizo en Islandia y Ecuador, por ejemplo. En España, como el gobierno se niega a hacer tal auditoría, se ha creado una Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda: tendrá menos medios mero mucha más dignidad que el gobierno. La auditoría de la deuda suele ser un chollazo porque se encuentran verdaderas sorpresas: en palabras de Esperanza Aguirre se encuentran cosas maravillosas que permiten ahorrarse un pastizal especialmente cuando hemos decidido convertir una crisis financiera (privada) en una crisis de la deuda (pública).

El otro día supimos un dato que ilustra el nivel de estafa que hay detrás de la deuda pública griega: según New York Times el 90% del dinero que Grecia paga de deuda un día cualquiera (en concreto el lunes pasado) tiene que ingresarlo en cuentas de las Islas Caiman. Es decir, de entrada, el 90% de la deuda griega está en manos de evasores de impuestos: la deuda pública griega está fundamentalmente en manos de bancos franceses, estadounidenses y alemanes, no de inversores caimanitas (salvo como metáfora). Hay también, por cierto, más de 1100 millones de euros de deuda griega en manos españolas pero eso no es problema porque el dinero que ganen en Islas Caiman se puede venir cómodamente a España con el plan de blanqueo de dinero al 10% felizmente aprobado por nuestro gobierno.

Que la deuda pública de Grecia se ingrese en las Islas Caimán debería ser un problema sobre todo para los gobiernos alemán, estadounidense y francés si fueran gobiernos de sus pueblos y no de sus élites financieras. Esos evasores de impuestos no son el problema de la deuda griega sino uno de los síntomas de que la deuda es un inmenso fraude que los gobiernos han consentido aunque ello supusiera estrangular a sus pueblos.

En el caso de Ecuador, cuando se hizo tal auditoría se encontró un gran  fraude organizado y consentido. Desde la decisión de gobiernos ecuatorianos previos de abolir la prescripción legal de deudas antiguas hasta incluso grandes sumas de deuda que se seguía pagando pese a que ya habían sido pagadas: la deuda era un saco de fraude, ilegalidades y corrupción por el que los gobiernos ecuatorianos habían transferido dinero público a las élites financieras mundiales y asfixiado a su pueblo bajo la batuta de la Merkel del momento y los FMI y Banco Mundial de siempre. “Hay evidencia”, decía el informe de la  Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público ecuatoriana, “de que el proceso de endeudamiento del Ecuador entre 1976 y 2006, se desarrolló en beneficio del sector financiero y empresas transnacionales, afectando visiblemente los intereses de la Nación.  Los condicionamientos impuestos y el pago de la deuda, limitaron los derechos fundamentales de las personas y los pueblos, profundizando la pobreza, aumentando la migración y deteriorando las condiciones ambientales.”

“No pagamos más, la deuda está pagada“, respondió el gobierno de Correa al ver el examen de la deuda. Tanto en Islandia (aún en proceso) como en Ecuador la auditoría de la deuda ha evidenciado el fraude y ha permitido a los gobiernos una negociación ventajosa sobre las condiciones de la misma facilitando una quita (pacífica) de más del 70% de la misma y a partir de ahí la recuperación económica del país. Eso son recortes, pero en vez de sacudir al pueblo golpea a los culpables de la crisis.

“No es una crisis, es una estafa” no es sólo un lema propagandístico sino un atinado diagnóstico. Por eso hay pocas cosas más peligrosas que un pueblo quitando de en medio a gobiernos cómplices de la estafa. Si en Grecia se hace esa auditoría y se destapa el fraude empleado para estrangular al pueblo sacando recursos públicos para mafias internacionales, ¿quién no sospechará que en su país sucede lo mismo?

Tras el golpe de Estado del 23-F el PSOE y UCD pactaron una ley que modificaba sustancialmente el incipiente Estado de las Autonomías, la LOAPA. La ley se interpretó como una victoria de los golpistas y luego fue tumbada en buena medida por el Tribunal Constitucional. Estos días se está viviendo una agresión muchísimo más dura que aquella conquista golpista contra la autonomía de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.

En aplicación de la Ley de Estabilidad (que es una concreción de la reforma constitucional que nos clavaron PSOE y PP en agosto del año pasado) el Ministerio de Hacienda puede decidir que las cuentas de tal o cual comunidad autónoma no le valen y tomar las riendas directamente. Es lo que hizo ayer con Asturias y lo que amenazó con hacer a Andalucía si en un par de semanas no sacude el gobierno autonómico otro recorte de 200 millones (que sean esas dos y no Murcia, Castilla- La Mancha o Paìs Valenciá es pura casualidad, no seáis malpensados). Y es lo que le está sucediendo a miles de ayuntamientos de toda España. Da igual lo que hayan votado los ciudadanos de tal comunidad o de cual municipio: la política presupuestaria (la más importante) la decide el gobierno central y el único margen que tiene cada gobierno local o autonómico es introducir el recorte acá o allá.

No es cierto que esto sea equivalente a la cesión a los mercados que lleva haciendo el gobierno central desde mayo de 2010. El gobierno central decide políticamente entregarse: podría haberse resistido, no haber reformado la constitución para introducir el déficit, haber luchado contra el fraude fiscal en vez de amnistiarlo… Nadie tiene mecanismos legales para, quiera o no Moncloa, tomar el gobierno del país: sí tienen una gran capacidad de presión (porque se la entregaron los gobiernos) pero no de decisión. Los rescates a Grecia, Portugal, Irlanda y el gobierno títere italiano fueron acordados (con la pistola en la sien, pero acordados) e incluso Grecia podría darle la vuelta al rescate si felizmente gana la izquierda no colaboracionista las elecciones.

Las autonomías y los ayuntamientos no tienen esa posibilidad. Ayer Montoro decidió: este presupuesto le vale, éste no le vale e interviene. El único margen de negociación que tienen las Comunidades Autónomas es el del coste político, pues la intervención de Moncloa no es otra cosa que un golpe de Estado que, espero, deteriorará la imagen del gobierno allí donde lo dé. Pero a diferencia de los gobiernos nacionales la Ley de Estabilidad no da margen de resistencia a los gobiernos autonómicos y locales salvo una insurgencia autonómica que deje unilateralmente en suspenso una ley estatal vigente: tal decisión sería poco diferente de una declaración parcial de independencia de facto. Y si sería básicamente suicida para una comunidad autónoma para un ayuntamiento resultaría simplemente imposible.

Por supuesto hace falta una respuesta lo más colectiva posible. Cuando la militancia de IU decide acceder al gobierno andaluz o cuando se gobierna en cientos de ayuntamientos tiene que ser para plantar cara a estas políticas por impuestas que sean. Supongo que alguien tendrá ideas mejores pero a mí sólo se me ocurren los frentes judicial (es urgente plantear un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Estabilidad), institucional (explorando todos los instrumentos de insumisión que sean viables pensando también para ello en la acción colectiva de los cientos de alcaldes que tenemos -y los que tienen otros partidos que puedan querer sumarse a la rebeldía- con Andalucía y Asturias si se entra en el gobierno) y sobre todo popular llevando a la calle la defensa de la autonomía política. Nadie dijo que el camino fuera a ser fácil ni que la resistencia tenga que ser suicida y sin cabeza. Pero resistencia tiene que haber y rotunda.

Ayer salió por primera vez en varios meses una encuesta sobre el 15M. Es una encuesta realizada por Metroscopia los días 9 y 10 de mayo con 1001 entrevistas. Es por tanto previa al éxito de las marchas del 12M, a los cientos de actividades absolutamente pacíficas de estos días y a la respuesta autoritaria del Gobierno con casi 30 detenidos y más de 500 identificados a quienes se amenaza con multas de 300 euros. El año pasado el 15M gozaba de niveles de popularidad entre el 70% y el 80% pero desde entonces se corría el riesgo de que hubiera calado la campaña de difamación (muy burda, pero constante) o el empeño del gobierno en convertir en un asunto de orden público la protesta de los disidentes.

Según la encuesta el 68% de la población apoya las reivindicaciones del 15M y un 50% sus movilizaciones. Sólo entre los votantes del PP ha calado el rechazo a sus movilizaciones (que aún así son apoyadas por un 24% de ellos) pero incluso un 47% de votantes del PP comparte lo que dice y reivindica el 15M (es decir, comparte el discurso, la crítica, pero preferiría que no se expresara públicamente o que se expresara de otra forma). Entre votantes del resto de partidos el apoyo es alto: PSOE 66%, UPyD 69% e IU 85%.

La encuesta es sólo un indicador más del rápido arraigo del movimiento ciudadano. En este año el 15M ha evolucionado mucho y rápido por lo que la mayoría de los indicadores no son comparables. Entre el 17 y el 22 de mayo del año pasado Sol era el centro del mundo y se narró aquello como un encuentro de la juventud sanamente molesta, sin más. Allí fue todo el mundo aunque fuera para ver el espectáculo del que hablaban todas las televisiones. Hoy el movimiento es mucho más consciente y eficaz. Ha pasado de una simpatía difusa a haber parado cientos de deshaucios, denunciado redadas racistas, generado redes y debates. Ha introducido en las instituciones reformas tramposas pero que reflejan el peso del movimiento (por ejemplo, sobre la dación en pago y los CIEs). Asimismo y junto con el propio desastre que el PP y el PSOE se han buscado, es probable que el 15M sea una de las causas del rápido desgaste del bipartidismo que está en sus niveles más bajos de la Transición. Todo ello son éxitos del 15M pero también cambios que hacen de las concentraciones en las plazas algo muy distinto de lo que fue hace un año. Ya no es sólo algo que mola; ahora es también algo que molesta. Y aún así Sol estaba lleno el 12 de mayo y la encuesta muestra que había mucha más gente en sus casas apoyando.

Se ha tratado de ningunear al 15M haciendo comparaciones grotescas sobre si en Sol había más o menos gente la tarde del domingo que en Las Ventas o que en Cibeles celebrando la Liga. Puestos a hacer comparaciones, alguien podría intentar encontrar algún colectivo social o político que genere el apoyo del 68% de la población. Algún sindicato, algún partido político incluso algún equipo de fútbol,… acaso sólo el catolicismo (que no la jerarquía católica) supere por poco el 70% de la población, pero al ritmo que cae pronto estará también por debajo. Eso no supone un fracaso de los equipos de fútbol, sindicatos ni partidos sino que estamos hablando de cosas muy distintas.

El 15M es un movimiento, un ente difuso, algo que sucede, algo con miles de voces distintas que genera un estado de ánimo público, una máquina de generar hegemonía no medible en votos sino que puede tener un calado muchísimo más esencial. Ahí radica su fuerza y por ello hay tanto empeño en reconducirlo, buscar liderazgos, concretarlo en partidos, asociaciones y sindicatos que de todo ha aconsejado la tertuliada estos días. Quieren convertirlo en aquello que es incapaz de generar los cambios en el sentido común popular que está introduciendo rápidamente el 15M. Eso no quiere decir que el 15M tenga que sustituir a los demás instrumentos, sino que simplemente hay que tener claro que la sensacional potencia del movimiento consiste en la marea generada, en el cambio de aire.

Mientras se descompone su régimen político y económico (arrastrándonos a sus víctimas) el pesebre se pregunta si el 15M sigue vivo. La evidencia muestra una vitalidad muy superior a la que incluso podíamos prever los más entusiastas. Que empiecen a preguntar qué apoyo tienen las estructuras de la Transición, las organizaciones europeas, qué apoyo tiene su lógica económica. A ver quién se está desinflando aquí.

Cuando la delegada del Gobierno limitó el horario de forma ridícula sabía lo que hacía. Se trataba de poner el foco donde no había nada. La excusa para tal limitación era un supuesto conflicto de derechos. Si no se prohibía la reunión permanente de 96 horas habría vecinos que quisieran circular por Sol y no podrían hacerlo. Lo que sucedió realmente fue que hubo ciudadanos que no estaban participando en el movimiento, que quisieron pasar por Sol y a quienes se les impidió el tránsito porque la policía había cortado todos los accesos para desalojar a los manifestantes; en algún caso incluso fueron agredidos y detenidos por la policía. Lejos de resolver un supuesto conflicto de derechos lo que consiguió el límite fue impedir el ejercicio de ninguno de los dos derechos.

En los cuatro días de actividades del 12M al 15M no ha habido un sólo incidente. Incluso la delegada del Gobierno en Madrid en una de sus cientos de entrevistas felicitó al movimiento por su actitud, como si fuera una novedad la ausencia de violencia en las movilizaciones del 15-M. No ha pasado nada, como se podía prever, y sin embargo ha habido 29 detenidos y de lo que más se ha hablado desde hace una semana es de los hipotéticos problemas de orden público o de su ausencia.

No sabemos cuánto ha costado la escenificación policial de estos días. Sabemos que era por completo innecesaria y que la no violencia del movimiento no se debe al miedo a la represión sino a una decisión propia irrenunciable del movimiento. Sabemos que a 29 personas les ha salido muy cara pues han sido detenidos sin haber hecho nada más que ejercer el derecho de reunión. Sabemos que la escenificación ha cumplido su objetivo: disfrazar de problema de orden público el éxito de un movimiento que un año después resiste y despliega una estructura que garantiza su continuidad.

Sí que ha habido otros problemas de orden público. Ni un policía llevaba visible su identificación como están obligados (Cifuentes miente a conciencia cuando lo niega). Las agresiones durante los desalojos han quedado registradas en vídeos cuya veracidad niega la mentirosa delegada. Pero lo que ha sucedido no es un problema de orden público sino una manifestación de un problema social y político para el poder y sus títeres. Hay que denunciar la porra porque ha sido usada ilegítimamente. Pero el tema no es la porra.

Aunque parezca que el día de ayer fue un desastre, hubo buenas noticias para la economía y, qué carajo, para la democracia en el mundo. Nuestro ministro de Defensa, el ex traficante de bombas de racimo Pedro Morenés, estuvo en Arabia Saudí. ¿Turismo? No: fue allí para vender a la democracia saudí entre 200 y 270 tanques leopard de fabricación española.

¿Para qué? Al pobre Morenés le debieron tomar un poco el pelo porque “durante la reunión, los dos ministros analizaron la situación estratégica mundial y el papel que desarrollan tanto España como Arabia Saudí en favor de la paz” pero pocas horas después supimos que Arabia Saudí tenía planes no del todo en favor de la paz. El diario bolchevique ABC informaba por la tarde de que Arabia Saudí y Bahrein habían llegado a un acuerdo “para blindarse frente a la primavera árabe“. Sabemos que Arabia Saudí usa tanques para este fin en favor de la paz porque ya en el momento álgido de la revuelta en Bahrein Ryad envió 30 tanques a reprimir a los manifestantes.

Detengámonos en Morenés. Ocupa el ministerio de Defensa, cuyo titular alguna que otra vez ha sido, digamos, sugerido por Juan Carlos de Borbón que para eso le corresponde según el artículo 62.h) de la Constitución del 78 “el mando supremo de las Fuerzas Armadas” en tanto que rey. Fue absolutamente conocido que Eduardo Serra fue nombrado por el rey: Aznar ganó las elecciones con la promesa (entre otras mentiras) de limpiar el CESID y fue a nombrar de Ministro al que había sido secretario de Estado de Defensa con Narcís Serra. Es un intenso rumor que Rajoy tenía pensado el ministerio de Defensa para Gallardón, pero que el campechano monarca le hizo cambiar de idea. Así, contaba Ignacio Escolar, Gallardón “soñaba con el Ministerio de Defensa hasta que el rey decidió colocar allí a un hombre de su confianza, a Pedro Morenés“.

Detengámonos ahora, y tranquilos que es la última parada, en Juan Carlos de Borbón. A los más informados de los lectores de este blog les supongo enterados de que hace unas semanas tuvo un incidente en un safari en Botsuana cazando dumbos. Poco después se supo que el safari nos había salido felizmente gratis porque no lo pagábamos los españoles sino que había sido un regalito de un magnate sirio llamado Mohamed Eyad Kayali que “es la mano derecha en España del príncipe Salman, ministro de Defensa de Arabia Saudí“: el testaferro de Arabia Saudí en España, vaya.

Ya sabemos que nada tiene que ver con nada. Y que ni un presidente autonómico se dejaría comprar por cuatro trajes, ni un presidente del Supremo robaría por cuatro noches de hotel ni un rey se dejaría influir por un safari de nada. Pero bonito, lo que se dice bonito, no es. Porque seguro que Juan Carlos no influye en que su elegido haga negocios tan criminales como la venta de tanques a Arabia Saudí con los que se reprimirá disidentes. Seguro que no tiene nada que ver la muy amistosa relación con la familia real saudí(relación que seguro que no es remunerada, por mucho que se digan insidias sobre los barriles de petróleo del rey Fahd). Pero no faltará quien piense que todo ayuda.

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Ayer todavía se anunciaba en la radio algún programa, supongo que preparado la semana pasada, en el que se preguntaba qué quedaba del 15M. Este fin de semana, como hace un año, hay quien se ha quedado tan fuera de juego que sólo se comprende por una pasmosa lejanía de la realidad. Esperaban unas pocas personas el 12M que pudieran ser desalojadas de dos porrazos a las 22h y tuvieron que esperar a demostrar su incompetencia e impotencia a las 5 de la mañana.

No entienden nada porque es una realidad que les es completamente ajena. Toda una élite política, periodística y cultural está tan acostumbrada a un mundo reducido a despachos y celebraciones de canapé que no sabe que existe un mundo que rápidamente se está desatando por ahí abajo. Hace un año trataron de vestir la protesta ciudadana con ropajes cosméticos muy superficiales: interpretaron el 15M como una crítica a los políticos. Hoy siguen sin entender que es mucho más, que es una enmienda a la totalidad a un sistema político, económico e incluso cultural: es imposible que lo entiendan porque esa cultura impugnada es la que se cree que el pueblo ágrafo hará lo que le digan desde sus moquetas porque así lleva siendo muchas décadas. Cómo va a estar sucediendo algo relevante no ya que no sean capaces de entender sino simplemente que no sea una reproducción de las charlas que tienen entre canapé y canapé.

Al 15M le faltan líderes y están controlados por una élite. Le faltan propuestas y sus propuestas son disparatadas. Son un caos asambleario y tienen una estructura férreamente soviética. Todo y su contrario cabe para desacreditar un movimiento que no entienden, que dieron por muerto 365 veces y que sigue vivo y con unas raíces mucho más consistentes que hace un año gracias a lo cual las ramas llegan mucho más lejos. Y piensan que repitiendo muchas veces sus diagnósticos nos creeremos que son ciertos.

Pensaron que el sábado pasado sería el certificado de defunción del movimiento y que podrían reducirlo a un problema de orden público: que de lo que había que hablar es de si había tiendas de campaña o incidentes, si la policía había desalojado o no Sol a las 22h y si no a las 0.00h y si no… Sería mucho pedirles que se reconozcan desconcertados, que cuenten simplemente que no entienden cómo el fracaso que anunciaron ha vuelto a estar sólo a su imaginación. Tendrían que enterarse para no desbarrar de  que se ha ido generando un tejido de activismo estructurado en red que por primera vez desde los primeros años de la Transición no se ha contentado con una vistosa explosión de multitudes.

Siguen pensando que de lo que se trata es un problema de timonel, cuando de lo que se trata es de que el barco ya no vale. La decadente casta setentayochista sentencia entre canapé y canapé por qué mañana sí que habrá muerto el 15M sin siquiera enterarse de que lo que no entienden no es el 15M sino a su pueblo.

El 12 de mayo de 2011 escribí uno de los apuntes que más he releído después. Se titulaba “Y sin embargo se mueve: Democracia Real Ya” y llamaba a la participación en las manifestaciones que había convocadas para ese domingo 15 de mayo. Del título “Democracia Real Ya” apelaba al lema con el que eran convocadas las manifestaciones y “Y sin embargo se mueve” respondía a la ausencia de movimiento ciudadano de respuesta a las políticas antisociales que llevaban en marcha a toda velocidad desde mayo de 2010: sí, por fin podía ser que se moviera algo. Incluso en el apunte albergaba la esperanza de que lo que se moviera fuera algo muy importante: “En los últimos meses se han producido una serie de movimientos del que quizás Democracia Real Ya sea la guinda y, por qué no, la chispa que hará que prenda de una vez la vieja y sucia moqueta.”

Claro que ha sido la chispa. Durante la semana (las semanas) siguientes al 15M (y gracias en buena parte al efecto propagandístico que nos regaló la disolución policial de los acampados la segunda noche) Sol fue el centro del mundo. Pronto cada ciudad tenía su Sol y a las pocas semanas se llevó Sol a cada pueblo, a cada barrio.

Los primeros días se ninguneaba al movimiento por ser una mera expresión de malestar sin propuesta alternativa. El movimiento ha debatido, se ha estructurado, ha organizado charlas, debates y va elaborando tomas de posición. Ayer se criticaba al 15M por ser algo difuso que no se sabe que plantea y ahora que tiene planteamientos sólidos y que escenifica una ruptura con el decadente modelo político y económico que vivimos se le acusa de estar politizado. Qué poca capacidad de encajar la crítica tiene este sistema nuestro: o somos malos porque no nos posicionamos o somos malos por posicionarnos.

Durante este año se han parado cientos de desahucios de vivendas, ha habido miles de asambleas populares que han vertebrado la respuesta, se ha nutrido la participación en huelgas, manifestaciones, se ha defendido lo público, la libertad de conciencia frente a la toma de una ciudad por la curia vaticana, se protestó contra la constitucionalización del límite de déficit que chanchulleó el bipartito de espaldas a la sociedad, se ha organizado con otras organizaciones un referendum para evitar en Madrid el expolio del Canal de Isabel II, han puesto en marcha medios de comunicación (en Madrid incluso las asambleas editan el periódico gratuito  ”Madrid15M“) y se ha resistido a los ataques multiformes: desde la represión al reiterado ninguneo (¿cuántas veces han dado por muerto al 15M?) pasando por un burdo intento de apropiarse el movimiento e incluso se han superado muchísimos de los propios errores. Asimismo el 15M ha supuesto un movimiento de profunda politización transformando la indignación en ansias de libertad, igualdad y fraternidad y, de paso, ha evitado al menos de momento que la indignación se transforme en fascismo como suele suceder en situaciones análogas y de hecho pasa en otros países mientras aquí el fascismo que hay es básicamente el que ya había antes de la crisis. Y casi sin darnos cuenta se ha introducido el disenso, la contrahegemonía, donde campaba el discurso único, ese no hay alternativa que ya no cuela. Y esa contrahegemonía alcanza a sectores populares que trascienden a la gente más movilizada.

En general cabría pensar que lo fundamental del 15M, el cambio más estructural que viene introduciendo, es el germen de una sociedad paralela fundamental para estructurar el tejido crítico (lo que Amador Fernández Savater llamaba con acierto la República del 99%) y que pueda seguir ganando fuerza hasta darle la vuelta al país entero, a ese 99% al que machaca el 1%.

Este sábado, el 12M, toca salir a la calle y quedarse en ella. Toca festejar el recorrido hecho y recordar el que queda por hacer. El 1% no festeja, pero sigue haciendo su camino estafa a estafa. Queda mucho más camino que tiempo para recorrerlo pero la inteligencia colectiva demostrada este año es mucho más lúcida que ese desastroso 1% que nos ha conducido al colapso. Mañana, pasado, al otro… nos vemos en las calles para cambiar este país y el mundo.

Lo que pedimos los partidarios de la nacionalización de las cajas y de cuantos bancos reciban dinero público es la creación de una banca pública. Ello no significa simplemente una banca cuyo propietario sea el Estado sino que la propiedad del Estado (u otras formas de propiedad que se pudieran imaginar) haga de las entidades instrumentos al servicio del común de la ciudadanía y controlados democráticamente. Bankia tiene un parque de viviendas vacías monumental (basta con entrar en cualquiera de sus oficinas y ver el catálogo inmobiliario que se nos ofrece), ¿las sacará a alquiler a precios baratos ahora que el accionista de control es el Estado? Sería una fuente de ingresos de lo que ahora es improductivo y además se daría cumplimiento efectivo al derecho a la vivienda recogido en la sagrada (y moribunda) Constitución. Bankia expulsaba de sus casas a quienes no podían pagar las hipotecas, ¿comenzará ahora a ser una banca al servicio de la ciudadanía apostando por moratorias o por llegar a acuerdos con los hipotecados pobres en vez de destrozarles la vida? No parece. ¿Nos enteraremos de algo los ciudadanos sobre qué se hará en Bankia? ¿Rendirán cuentas sus gestores ante el Parlamento? Perdamos toda esperanza.

Bankia ha caído como está cayendo el país: porque quienes apostaron por un modelo de enriquecimiento especulativo acelerado están ahora a navajazo limpio por hacerse con la herencia del muerto, que es el país. En el caso de Bankia se trata de una guerra civil en el interior de la mafia político-financiera que nos gobierna.

Ayer hablaba con mi amigo Jorge Caplan, que sobre estas cosas tiene muy buena información. “El gobierno primero quería la fusión con La Caixa, pero Rato se negó. Después quiso entregar Bankia al BBVA pero eso desató la ira del Santander que. lógicamente, quería una parte del pastel. El agujero de Bankia es gigantesco y hará falta 30.000 millones de euros. El Estado no tiene 30.000 millones de euros ni siquiera en el Fondo de Garantía de Depósitos pues lo ha vaciado en un 80% así que sólo había dos alternativas. La primera es suicida: pedir el rescate de España. La que va a hacer el Estado interviniendo es canalizar esos 30.000 millones, que los pondrán los bancos privados con la garantía de que a medio plazo se despedaza Bankia y, del mismo modo que el Estado ha convertido el dinero que “prestó” a Bankia en acciones, los bancos que rescaten Bankia se acabarán quedando un pedazo cuando la hayamos saneado“.

Es decir, el Gobierno no estaría actuando como instrumento de los intereses públicos sino como árbitro entre las familias financieras y como el supuestamente justo rey Salomón les ofrece partir el niño en cachos. Lo que ocurre es que no hay una madre aterrada por el despiece sino que están todas encantadas.

Además de prescindir por completo de los intereses de la ciudadanía, el Gobierno abre un camino que puede no ser más que continuar la caída de fichas de dominó: para salvar Bancaja (la banca del ladrillo valenciano) se la endosaron a Cajamadrid, lo que en vez de salvar Bancaja ha arrastrado a las dos juntas. Ahora, para salvar a las dos juntas se las repartirán el Santander y el BBVA entre otros. ¿Por qué esta vez sí va a salir bien lo que hasta ahora ha salido tan mal? ¿Acaso porque no se va a repartir todo el pastel sino sólo la parte sana? Eso parece indicar el hecho de que lo que el Estado se quede sea el banco malo, el BFA, y sea a través de éste como controle Bankia. El Estado se queda lo tóxico y canaliza el reparto del rico pastel entre las mafias financieras. Un chollo.

No es una nacionalización, es una estafa. Una de las mayores estafas dentro de esto que también es una inmensa estafa, no sólo una crisis. Lo único bueno de esta estafa es que da ánimos para inundar las calles de indignación y protesta este sábado, 12-M. Si no reventamos las calles es que no nos corre sangre por las venas.

Como era de prever al estallar el escándalo Bankia ayer se señaló a Izquierda Unida. La Ejecutiva Federal emitía un impecable comunicado con toda la dignidad y la defensa de los intereses populares frente a los de la mafia político-financiera que anda a cuchillazo limpio por el control de las cajas que privatizaron. La postura de IU es nítida y anuncia lo que planteará en el Congreso de los Diputados: la creación de una banca pública a partir de la nacionalización de Bankia y de todas las entidades que reciban dinero público. La propuesta de IU es coherente, firme, razonable y hoy, además, muy popular y la única viable.

Sin embargo, la difusión de la dignísima posición de IU topó con la difusión de noticias sobre el Consejo de Administración de Bankia. Tanto en La Sexta Noticias como en Radio Madrid de la Cadena Ser entro otros medios se contó los sueldos oficiales acumulados de los consejeros entre los que está uno, José Antonio Moral Santín que es vicepresidente de Bankia y representante de IU-CM en Cajamadrid. Según diversas informaciones su sueldo alcanza el medio millón de euros. Esto se ha desmentido (aunque nunca con la merecida publicidad)  pues según se cuenta su sueldo es mucho menor (lo cual me genera algunas dudas que sería largo exponer). Parece que tampoco son los propios bancos los que regulan los sueldos sino que les vienen dados, pero en todo caso de ser tan elevado el sueldo siempre se puede donar una gran parte de él a la organización política de uno (que no anda precisamente sobrada de dineros) o a organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la Plataforma por la Nacionalización de las Cajas,… ejerciendo así de caballo de Troya en el sistema financiero. Sea la cantidad que sea, no es este mi principal problema con la vicepresidencia de Bankia. Mi principal problema no es numérico sino político pese a que efectivamente los sueldos que se conocen de los consejos de los bancos son un auténtico escándalo.

No critico en absoluto la “politización de las cajas”. Más bien al contrario creo que falta control democrático que es una forma de control político (la tendencia a su independencia es otra forma de control político pero no democrático sino por las mafias financieras). El problema ha sido más bien el contrario: que han funcionado como bancos con la única diferencia de que en vez de dividendos los beneficios van para obra social. Desde la privatización de las cajas (por un acuerdo del PSOE y del PP) ya también reparten dividendos y de hecho este año Bankia tenía pensado repartir 152 millones en dividendos mientras se reduce la obra social de cada una de sus cajas y también mientras se reciben 33.000 millones de dinero público. El problema no es estar en el consejo de Bankia sino ser absolutamente incapaces de plantear una política radicalmente contraria a la que lleva una institución que es una parte crucial del problema financiero de nuestra crisis y que tiene un trato inhumano hacia la ciudadanía: día tras día Bankia saca de sus casas a gente que no puede afrontar el pago de la hipoteca sin siquiera condonar por ello el resto de la deuda.

Si hay representantes de la izquierda en esas organizaciones tiene que ser para denunciar las prácticas cotidianas que no han diferenciado a Bankia ni a Cajamadrid del BBVA o del Santander, es decir, de nuestros enemigos, de aquellos contra quienes tratamos de organizar a la ciudadanía para que se defienda. Eso no se ha logrado durante todos estos años de presencia protagonizada por Moral Santín en Cajamadrid antes y en Bankia ahora. Ni se ha logrado frenar el rumbo hacia una banca cada vez más hostil a la ciudadanía ni se ha generado ruido alguno desde dentro. Más bien al contrario se ha ido avalando con el voto de IU decisiones inaceptables con el argumento paupérrimo de haber conseguido que no fueran tan duras como podrían. Realmente tal no era el voto de IU pues en ningún órgano político se habían tomado tales decisiones, pero la contaminación de IU es innegable para cualquiera que escuche un poquito a la sociedad civil.

Ello sólo puede ser fruto de dos razones. O tenemos ahí una persona que no tiene voluntad (o capacidad) para hacer de su cargo un instrumento antagonista a la política financiera dominante o incluso (acepto esta posibilidad como hipótesis) cabe que sea imposible entrar en el tinglado financiero-político del poder sin adaptarse al medio. Sea como sea sólo hay una salida gestionable política, ética e incluso electoralmente: pedir desde IU el cese del actual vicepresidente de Bankia y desde las asambleas de cada caja hacer oposición a sus actuales direcciones antisociales.

No podemos ser cómplices de las prácticas que se dan en Bankia ni en ningún otro núcleo del actual poder financiero. Si estamos donde estemos tiene que ser para plantar cara. No para acompañar ni, con la que está cayendo, siquiera para moderar. Por eso creo que no hay más salida que aclarar con toda la publicidad el volumen de ingresos que realmente se ha tenido por la presencia en la dirección de Bankia y salir de ahí al tiempo que cae Rodrigo Rato en una guerra civil interna de una mafia político-financiera en la que la izquierda no pinta nada.

Izquierda Unida es la única fuerza relevante que está planteando una contrapropuesta política a la involución democrática y social. Lo hace con plena legitimidad porque la infinita mayoría de sus cargos públicos, dirigentes, activistas,… son plenamente coherentes con lo que plantean. Es suicida regalar un talón de aquiles tan inmenso y cuyos beneficios para ese 99% al que defendemos y para la defensa de nuestras posiciones políticas no alcanzo a imaginar.

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Hoy se vota al sustituto de Rato. La resolución de la Comisión Ejecutiva Federal de IU dice: “La Ejecutiva Federal de IU considera inaceptable el nombramiento del Sr. Goirigolzarri a partir de una propuesta formal del Sr. Rato y actuará en consecuencia.” Así que doy por hecho que el representante de IU en Cajamadrid actuará en consecuencia (oponiéndose a tal nombramiento). No podría ser de otra forma, ¿verdad?

Ante la situación financiera de nuestros bancos sólo caben tres salidas políticas. El rescate de las entidades privadas con dinero público sin que afecte a su carácter privado; poner dinero público para evitar la caída del banco pero a cambio nacionalizar la parte equivalente al dinero público aportado; y dejar caer al banco. Cada una tiene matices y posibilidades, pero no hay más, son esas tres. Por una de esas tres hay que apostar.

Rescatar a los bancos con nuestro dinero es lo que han venido haciendo hasta ahora los gobiernos del PSOE y del PP demostrando que cuando se trata de algo importante (salvar a los bancos) sí defienden una gran intervención pública en la economía. Van 114.000 millones de euros públicos (más de un 2% del PIB, no mucho menos que el recorte presupuestario previsto para 2013) y la cifra no parará de crecer empezando este mismo viernes. Se esconde como préstamo cuando es obvio que es un regalo: indirecto porque le prestamos dinero a un tipo de interés menor que el que luego esos bancos obtienen comprando la deuda pública (que emitimos para poder tener dinero para rescatar al banco) y directo porque sabemos que no nos lo devolverán (en el caso de Bankia si finalmente sólo son 7.000 millones será mucho más de lo que valía Bankia antes de su desplome en bolsa de ayer: 4.600 millones; nadie espera que Bankia devuelva ese dinero se diga lo que se diga). De los 114.000 millones anteriores ya hemos aprendido que esto no sirve más que para aplazar el próximo maletín de miles de millones de euros de dinero público (precedido del próximo recorte en sanidad y educación), que en medio habrá otros puñados de miles de despidos (la creación de Bankia financiada por el FROB -dinero público- supuso más de 3.000 bajas) y que aún así seguirá sin haber crédito. Por supuesto sabemos que esos miles de millones de dinero público no frenan ni un desahucio: los desahuciados pagan con sus impuestos el rescate del banco que los echa de casa y les sigue cobrando la hipoteca. De todas las alternativas ésta parece la peor para todos salvo para los accionistas del banco. Y es la que hizo el PSOE y está haciendo el PP. La que ahora critica el PSOE y antes dijo el PP que nunca haría.

Dejar caer el banco tiene un único (pero grave) problema: los trabajadores del banco. Es falso que se perdieran los dineros de los pequeños ahorradores salvo que no hubiera autoridad política decidida a impedirlo: el patrimonio (no sólo inmobiliario) de los bancos podría cubrir de sobra esas cantidades. No la de quienes tienen millones de euros en el banco, pero sí cubrir ahorros hasta un tope razonable por persona. Es mentira que se rescate para salvar a los ahorradores. Se rescata para salvar a los accionistas, que son quienes se quedarían con una mano delante y otra detrás. Es decir, se prima a quien con sus ahorros en vez de generar empleo y producir cosas compra acciones esperando que valgan más hoy que ayer. Se prima a quien especula con acciones en contra de quien pone un bar, a quien nadie rescatará si la gente no tiene para tomarse un café fuera de casa. Dejar caer los bancos arruinados no sería tan desastroso para la economía de los peatones como nos dicen, pero tampoco sería una solución para la grave situación económica que padecemos pues seguiríamos sin tener instrumentos para incidir desde lo público en la política financiera.

Queda la última alternativa. El rescate de bancos a cambio de su nacionalización en la proporción del rescate para la creación de una banca pública (no para reprivatizarla después de sanearla: eso es un rescate al que se añade el tradicional regalo a los amigos de pupitre). En el caso de Bankia sería su nacionalización completa, dado que vamos a poner muchísimo más de lo que vale. Ello es, en el peor de los casos, tan caro como poner el dinero a fondo perdido pero el resultado transformaría radicalmente la situación económica y financiera en la que vivimos. La creación de banca pública desde las cajas y bancos rescatados tiene el problema de que son precisamente bancos en situación de debilidad. El resto son todo ventajas para recuperarnos económicamente usando una banca pública. En el caso de Bankia su nacionalización a precio justo nos costaría 4.600 millones. Lo que después tuviera que ingresar el Estado para que el banco fuera funcional sería dinero que va de una partida pública a otra, no dinero que el Estado regala a unos accionistas de banca como ahora. Y a partir de ahí dependería de la voluntad política que sucediera aquello que ahora lamentamos que no suceda: la fluidez del crédito, el fin de la estafa a los clientes, etc. La única razón por la que esta alternativa no es puesta en marcha es porque nuestras políticas económicas no están destinadas a salvar la economía ni ayudar a la ciudadanía sino que buscan usar los instrumentos públicos para defender los intereses de los de arriba, que están usando la crisis para salir con mucho más poder y riqueza que el que ya tenían antes.

Esas son las tres alternativas, no hay más. Por la concreción de una de ellas hay que apostar. IU ya ha apostado por la nacionalización parcial (de acuerdo con lo aprobado en el último Consejo Político Federal) y el PP por el rescate. El PSOE dice ahora que no se dé dinero público, pero no sabemos si apuesta por dejar caer Bankia (y los que vengan): sólo Tomás Gómez ha vuelto a salirse del carril de su partido apostando por la nacionalización de las cajas. No hay más alternativas y, más allá de la retórica de los mítines, es en función de por qué se opte lo que coloca a cada partido en un lugar del mapa: a la izquierda o a la derecha, pero sobre todo con los de arriba o los de abajo.