Quien mucho abarca

¿Cuándo se prevarica en España?

Hace unos meses se procesó a un juez por prevaricación. Aplicó una doctrina jurídica (discutible o no, pero existente) a un caso concreto (el genocidio franquista) hasta que la sala le dijo que no era competente y se inhibió. No se conoce que manipulara pruebas ni testimonios, que cometiera errores en la identificación de los datos relevantes de la investigación… Aplicó una doctrina que al Tribunal Supremo le parecía bien para juzgar a Scilingo pero mal para investigar a nuestros Scilingos. Está inhabilitado temporalmente por ese procesamiento por prevaricación.

Ayer el Tribunal Supremo ordenó por segunda vez a la misma sala reabrir el sumario por el asesinato de José Couso. Ya lo hizo una vez y en cuanto pudo la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cerró el sumario. Para ello la Sala afirmó en el auto que no había pruebas de que no hubiera un francotirador en el Hotel Palestine cuando todos los testigos lo negaban tajantemente e incluso el Pentágono había cambiado de teoría al ser insostenible. Mientras, la fiscalía, que decidió poner todas las trabas posibles a juzgar a los asesinos de José Couso desde que así lo recomendaron las relaciones diplomáticas entre EE.UU. y el gobierno español, escribía recursos con brocha gorda hasta el punto de que algunos testigos tuvieron que recomendar al fiscal que se leyera las declaraciones del sumario: “Así se enteraría el fiscal de que el puente desde donde se lanzó el ataque se llama Al Jumiriya y no Jamurohara; o de que Couso y Taras Protsyuk (el otro periodista fallecido) no estaban en la misma planta, como él dice en su recurso, sino en plantas diferentes; o de que la tesis de la existencia de un francotirador en el hotel fue desmentida por los casi 200 periodistas que allí vivíamos, e incluso descartada por el propio Pentágono, que optó finalmente por la tesis del “ojeador”“.

Nuestro gobierno se empeñó (desde que lo ordenó la ministra de Exteriores israelí) en acabar con la justicia universal en España, pero no pudo prohibir que se juzgara en España el asesinato de ciudadanos españoles aunque convenga a nuestras relaciones internacionales mimar más a los asesinos que a la familia del asesinado. Es difícil negar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la Fiscalía General del Estado y los fiscales obedientes a ésta mantuvieron un empeño más allá de lo razonable forzando la verdad y manipulando testimonios para conseguir cerrar el caso; la insistencia tras la primera orden del Tribunal Supremo muestra que incluso cuando les hizo ver un tribunal superior que era injusto el cierre del sumario persistieron a sabiendas en la injusticia hasta forzar una segunda resolución que les volviera a obligar a abrir el sumario.

En la propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se acaba de sustituir a un juez instructor por estar procesado por prevaricación tras perseguir crímenes que sus superiores dicen que no debería haber perseguido. ¿Qué hace falta para procesar a los jueces y fiscales que reiteradamente han intentado impedir la persecución de crímenes que sus superiores dicen que deben ser perseguidos? ¿Para qué sirven los tribunales? ¿Para impedir la impunidad de los crímenes de los poderosos o para garantizarla?

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