Quien mucho abarca

No juzgan a Garzón

Desde que se organizó la retirada forzosa de Garzón de la judicatura apenas hemos leído argumentos a favor o en contra de su proceso que se basen en los hechos (si prevaricó o no en la apertura del sumario contra los crímenes franquistas). Su condena y su defensa siempre son ad hominem: que si Garzón también emprendió juicios por motivos personales, que si como instructor es un chapucero, que si le gusta más un foco que a un tonto un lápiz… o que si en todo el mundo es conocido por su lucha contra los genocidas, que si destapó los crímenes de Estado de los GAL, que si ha luchado valientemente contra el narcotráfico, la corrupción y ETA. La propia Margarita Robles en su escrito de abstención hace un repaso de la trayectoria como juez de Garzón como si se estuviera enjuiciando su trayectoria o su personalidad y no su concreta actuación en el sumario sobre los crímenes del franquismo y sus víctimas.

Personalmente no tengo la mejor de las opiniones sobre Garzón: creo que su colaboracionismo con la teoría del entorno del entorno de la cosa entornada fue antidemocrática, ha supuesto el cierre ilegítimo de periódicos y partidos políticos y ha llevado a la cárcel a personas por delitos políticos. No sólo a ciudadanos vascos: también fue quien detuvo a la compañera Remedios García Albert, destrozando la vida de una pacifista usando para ello supuestas pruebas falsificables y claramente ilegales. Junto a ello siento enorme simpatía por las causas abiertas contra criminales que dirigieron personalmente genocidios como Pinochet, o por su intento de ayudar a las víctimas dela dictadura fascista a rescatar los cadáveres de sus familiares de las cunetas y las fosas comunes en las que la derecha española insiste en mantenerlos con una crueldad digna de nuestra mierda de historia.

Contra lo que enseñan los manuales de Derecho, parece que en España no se juzgan delitos, sino personas. Es lo que hemos denunciado algunos cada vez que se ha encarcelado a periodistas y políticos vascos y se nos tachaba de cómplices de su trayectoria personal cuando sólo decíamos que en una democracia no se encarcela a nadie por su opinión. Es lo que le está ocurriendo a Garzón y es igual de ilegítimo.

¿Hubo prevaricación en el sumario contra el franquismo? He escuchado a buenísimos juristas argumentar sólidamente la corrección de tal sumario. La Convención de Derechos Civiles y Políticos a la que España se adhirió en 1977 y que es incorporado a la Constitución en su artículo 10.2 (por encima, por tanto, de la Ley de Amnistía), la prohibición internacional de la autoamnistía para delitos de lesa humanidad, así como la restricción de nuestra Ley de Amnistía de los delitos amnistiados a aquellos que se hubieren cometido con “intencionalidad política“, son algunos de los argumentos estrictamente jurídicos que avalan el sumario abierto. Como he escuchado decir a Martín Pallín, hay que ser muy retorcido para considerar, por ejemplo, que el robo de niños tiene intencionalidad política. Nada más abrirse el sumario, el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó a España a anular esa Ley de Amnistía vergonzante y “trasladó al Ejecutivo socialista su preocupación por la prevalencia en España de la Ley de Amnistía de 1977 que, según recoge el Comité, iría contra la Convención de Derechos Políticos y Civiles de 1966, que fue ratificada por España el 27 de julio de 1977.” (Ver La ONU insta a España derogar la Ley de Amnistía): ¿estaba el Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos incitando a la prevaricación o simplemente defendiendo la persecución de los crímenes contra la humanidad que España se niega a afrontar?

Hay muchos elementos para pensar que el sumario que abrió Garzón estaba sometido a la legalidad. En el peor de los casos el sumario sería incorrecto como tantos otros sumarios que se abren y acaban en absolución o no llegan a juicio, pero hay sólidas argumentaciones jurídicas para pensar que hay grietas legales por las que podía haber entrado la justicia. De condenar a Garzón por prevaricación, habría que hacer lo mismo con todas las instrucciones que imputaran delitos y no obtuvieran la condena.

El problema es que no se trata de un asunto jurídico sino político: Garzón hizo como si España fuera un país normal, avergonzado de su pasado fascista y de los crímenes cometidos en su nombre, como si en España hubiera habido una reconciliación que permitiese enterrar sosegadamente los cadáveres de los asesinados donde lo decidieran sus seres queridos, como si basásemos nuestro entendimiento en el mutuo respeto y la solidaridad con las víctimas de crímenes horrendos, como si se hubieran firmado los tratados sobre derechos humanos que España hubiera firmado tuvieran más protagonismo que la edulcoración decorativa. Nada de eso es así. En España nunca hubo reconciliación, sino silencio. Si el Estado se niega a enterrar a miles de asesinados, hablar de reconciliación es un chiste sin gracia.

Condenarán a Garzón. Pero sobre todo habrán destapado la farsa de la reconciliación nacional que no ha sido sino el mantenimiento de la humillación de los vencidos: esto quedará al descubierto gracias al Poder Judicial. Dijo el mayor criminal de la historia de España, Francisco Franco, dos verdades que se aplican al caso: que no hay mal que por bien no venga y que lo dejaba todo atado y bien atado.