Quien mucho abarca

Una denuncia real

Hace unos meses el coronel Amadeo Martínez Inglés presentó de nuevo por registro del Congreso de los Diputados un informe sobre las posibles implicaciones de Juan Carlos de Borbón y Borbón, actual Jefe de Estado español con el título de ‘rey’, en una serie de delitos: desde la muerte de su hermano Alfonso a disparo del entonces infante Juanito (negligente o, probablemente, dolosa según Martínez Inglés; accidental según la versión oficial de la Casa Real) a la participación, por lo menos consintiéndolo, en el golpe de Estado del 23-F de cuya dirección se encargaron el militar más monárquico del ejército español (Milans del Bosch) y el instructor militar del monarca, nombrado inmediatamente antes del 23-F segundo jefe del Estado Mayor del Ejército (y por tanto trasladado a Madrid) a instancias de Borbón (Alfonso Armada). Martínez Inglés es un coronel en la reserva que estuvo en puestos importantes de la estructura militar española y de su servicio de inteligencia. El informe concreta la argumentación que se extiende a lo largo de las páginas de Juan Carlos I, el último Borbón, libro que publicó hace pocos meses Martínez Inglés y en el que explica detalladamente en qué basa sus acusaciones.

En realidad ninguna de las acusaciones podría devenir en investigación judicial, pues el monarca es una figura divinizada: irresponsable como es, podría salir por la calle disparando a ciegas una metralladora sin que ningún juez pudiera mover un dedo (en el caso de que quisieran hacerlo). Entre las acusaciones del libro hay una, que no sería delito ni en el caso de que su autor fuera un ciudadano, que resulta especialmente grave. Lo es porque muestra el efectivo poder político de un cargo sin legitimidad democrática. Quienes argumentan a favor de la persistencia de la monarquía, suelen decir que el rey no tiene poder político efectivo (pero que da estabilidad política, lo cual es una contradicción que los monárquicos tendrán que resolverse; o no). Pues bien, Martínez Inglés, que parece conocerse al dedillo los secretos de los servicios de inteligencia españoles, en los que trabajó, afirma la capacidad de Juan Carlos de Borbón para colocar en la jefatura del CESID (CNI ahora) a personas de su confianza que le informarían directamente a él, puenteando al ministerio de Defensa y al propio presidente del Gobierno: en concreto, Emilio Alonso Manglano (tantas veces acusado de delitos y tantas veces salvado por los más altos tribunales) habría sido colocado ahí por el monarca.

La importancia del asunto es que no se centra en la personalidad concreta de Juan Carlos de Borbón, problema que se solucionaría con su fallecimiento o abdicación, sino en el modelo político nacido en 1978 (¿o en 1939?) y que da un cierto poder político  en la designación de cargos democráticamente muy sensibles a quien no tiene legitimidad democrática alguna. De hecho, Manglano no es el único caso.

Es bien conocida la influencia del monarca en la designación de Eduardo Serra como ministro de Defensa del primer gobierno Aznar (1996-2000): Eduardo Serra había sido número dos de Narcis Serra en los comienzos del felipismo. ¿Qué interés podría tener Aznar en designar a quien había estado en el ajo en los años más oscuros de su antecesor y que habían sido sistemáticamente denunciados en los años anteriores por el PP? ¿Qué interés podía tener el monarca en la designación de Serra que no fuera la ocultación de determinados papeles del CESID? Efectivamente, el primer incumplimiento democrático de Aznar fue su negativa a desvelar los papeles del CESID que hacían referencia a crímenes de Estado, contraviniendo todas sus promesas electorales.

Más recientemente nos sorprendió que Cristina Narbona, una de las ministras más populares de la anterior legislatura y que se ocupaba de la cartera de Medio Ambiente, en la que el PSOE había centrado la campaña electoral, no renovara el cargo y fuera apartada de la política. Se había barajado su nombre para una posible vicepresidencia del gobierno, Zapatero había demostrado su confianza en ella designándola presidenta de la comisión gestora del Partido Socialista de Madrid al dimitir Simancas, y de golpe… el ostracismo. Sólo ocurrió una cosa destacada en los últimos meses de la legislatura anterior: Narbona aprobó una ley de caza que había limitado el uso de las armas de plomo, lo cual irritó a muchos cazadores, incluido el monarca. La cosa fue tan importante que hasta El País, que tanto mima al jefe del Estado, publicó a toda página que éste se  ‘interesó ante Narbona por la ley que limita la caza con Plomo. Zarzuela justifica la actuación del monarca por su relación con la naturaleza‘. Mes y medio después Narbona desaparece del mapa político.

Estaría muy bien que los grupos políticos investiguen las concretas actuaciones del monarca: si no es responsable ante los tribunales, bien podría serlo ante una comisión de investigación (hay un vacío legal al respecto), pero no nos deberíamos hacer demasiadas ilusiones. Pero si algo hay que tener claro es que ni aunque nuestro campechano jefe del Estado fuera la reencarnación de Gandhi, carecería por completo de justificación que alguien cuya posición no tiene legitimidad democrática alguna ostentase un cierto poder político. El rey puede ser un problema; pero la monarquía es un problema mucho mayor.