Quien mucho abarca

El voto y la reciprocidad

Según las crónicas que he leído sobre el Congreso del PSOE, tras desecharse los amagos laicistas propuestos por las bases, sólo se ha concretado que quienes nacimos el 16 de septiembre de 1976 somos bebés (algo que no puede dejar de alegrarme) y una ampliación del derecho al voto a algunos inmigrantes. Esto es un avance, sin duda, pero con una serie de matices que lo convierten en un parche. Veamos.

En primer lugar es difícil saber por qué un inmigrante debe poder votar en las municipales pero no en las autonómicas, generales, europeas o en los referendos. Supongo que hay un trasfondo nacionalista que hace pensar que los asuntos municipales son de gestión y por tanto afectan a todos los residentes, mientras que los autonómicos y mucho más los estatales son cuestiones que se llevan en la sangre. Yo soy hijo de inmigrantes legales. Mi madre nació en Barcelona y mi padre en un pueblo de Almería llamado Albox y ambos se vinieron a Madrid, donde residen legalmente desde hace muchos años. Como están empadronados en Madrid, votan en Madrid en las municipales, pero también en las autonómicas y en las generales (las europeas y referendos son en una circunscripción única). ¿Qué criterio que no sea meramente nacionalista hace que inmigrantes como mis padres puedan votar en el lugar en el que residen, mientras otros inmigrantes nacidos unos kilómetros más allá sólo pueden sentirse interesados por el ayuntamiento de donde viven?

El segundo problema no es menor. El derecho al voto municipal de los inmigrantes no es universal: depende de que haya un tratado de reciprocidad con el gobierno de origen. Así, un vietnamita puede no tener derecho a votar en las municipales de Leganés, mientras su vecino tailandés sí, sólo porque su gobierno ha tenido mayor disposición al acuerdo con el nuestro.

La perversidad podría ser mayor si tenemos en cuenta que, ni todas las comunidades inmigrantes son iguales ni están repartidas por igual por todo el territorio patrio y que es al gobierno a quien le corresponde llegar a los acuerdos bilaterales. Supongamos, por ejemplo, que se observa una tendencia de los inmigrantes colombianos o venezolanos a votar a la derecha (algo que, con honrosas excepciones, no sería extraño), mientras los inmigrantes argentinos muestran una tendencia a votar al PSOE: ¿no es peligroso dejar en manos del gobierno la posibilidad de llegar a acuerdos con unos países sí y con otros no con la posible incidencia electoral espuria? Pero hay más. Supongamos que en Barcelona (ciudad gobernada por el PSOE) hay una mayor concentración de marroquíes mientras en Madrid (gobernada por el PP) hay más chinos: ¿no le interesaría al gobierno llegar antes a un acuerdo con el gobierno chino, pues le interesa alterar el resultado madrileño, que con el gobierno marroquí, dado que las cosas están bien como están en Barcelona?

Los ejemplos que he puesto son inventados, por supuesto, pero ese tipo de realidades se dan y es peligroso dejar en manos del gobierno la decisión o al menos el impulso sobre qué ciudadanos y ciudadanas pueden votar y quiénes no. El problema radica, como siempre, en la dichosa inmaculada constitución y en la única reforma que se ha hecho de la misma, dictada por la UE: ‘Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por Tratado o Ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales.‘

La solución es la de siempre: si la Constitución se ha quedado obsoleta, cámbiese. Si no somos nacionalistas, reconozcamos el derecho al voto de todos los residentes en España y si hay que cambiar la Constitución, que se cambie. Si queremos laicidad, empecemos por no sacralizar textos legales.

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