Según el diario Público, todos coincidieron en afirmar que “se produce una ofensiva muy visible en el terreno de los servicios públicos”, convertidos en “objeto preferente de las políticas de recorte”. Muy visible es, en efecto, la ofensiva, pero no las protestas contra la misma, pues buena parte de la prensa y -muy significativamente- la edición impresa de El País, censura hoy la marcha en defensa de los servicios públicos (**).

Decenas de miles de personas (hasta 150.000 según los organizadores, leemos en Público) marcharon gritando consignas como las populares “¡que la crisis la paguen los especuladores, no los trabajadores!”, “¡Hace falta ya una Huelga General!”, u otras más ingeniosas como “bomberos quemados”. Habría que preguntarse cuántas decenas de miles de manifestantes necesita El País para considerar relevante una movilización, e informar de la misma a sus decenas de miles de lectores a fin de que -por ejemplo- estos decidan si quieren -o no- unirse a la próxima.

A estas alturas no nos sorprende el silencio sobre noticias como la exigencia de IU a que se levante el secreto de todos los archivos del golpe del 23-F; que Venezuela y Argentina hayan reducido sus niveles de pobreza antes que ningún otro país latinoamericano en los últimos 20 años, y con bastante diferencia respecto a los demás, según CEPAL; o que Cuba sea el único país libre de desnutrición infantil en Latinoamérica según Unicef. Tampoco nos sorprende que se censuren las huelgas en Grecia o la extensión de las protestas en Italia en semanas anteriores, y esto mientras la edición impresa de El País de hoy dedica cinco páginas a deportes, media a publicidad bajo formato de noticia a una ultimísima cámara de fotos, otra media al nuevo concurso de una cadena de TV, y varias columnas a banalidades como “el día que Trueba comió con Brad Pitt y Meryl Streep”.

Lo que parece ya demasiado descarado es que no aparezca en la edición impresa de El País ni una miserable columna ni tan siquiera después -ya no digo antes- de una movilización tan plural como multitudinaria en Madrid.

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(*) Expresión utilizada por Público, que sí llevó esta movilización a su portada de hoy.

(**) A menudo la censura se disimula en la web, donde muchos contenidos se publican a regañadientes, en lugares no muy visibles y se omiten de la edición impresa. La noticia de la manifestación sólo puede leerse en la edición digital dedicada a la Comunidad de Madrid (desconocemos si aparece en las páginas impresas específicas de esa comunidad) donde fue leída por pocos miles de personas. La edición impresa estatal alcanzó una difusión media anual en 2011 de 365.117 ejemplares diarios, un 1% menos que en 2010, según datos de la Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD).

“Servidor del Estado ejemplar (…) de audacia innata (…) su participación en la elaboración de la Constitución de 1978 y, sobre todo, en la construcción del consenso en que ésta se apoyó, es una contribución que sitúa a Fraga en la galería de los grandes personajes del siglo XX. Su servicio a la democracia es a este respecto inmenso (…) siempre antepuso el interés general (…) desapego de Fraga respecto a lo material (…) un hombre comprometido con el progreso de sus semejantes (…)” (La Razón).

PSOE: «Los demócratas siempre recordaremos con gratitud su trabajo» (…) “representó la grandeza de la política ejercida desde la convicción y la talla intelectual (…) abrió España al mundo (…) uno de los grandes políticos de la España contemporánea (…) Fraga representa como pocos el valor de esos hombres que, procedentes, sin tapujos ni complejos, del franquismo, acertaron a comprender lo que España necesitaba: superar las viejas heridas del pasado y emprender la senda de la concordia y la reconciliación. En esto reside lo mejor, lo más perdurable, de su herencia política” (ABC).

“‘Padre de la Constitución (…) dio todo por España (…) hizo posible una transición a la democracia en España (…) ejemplo de honestidad y preparación intelectual (…) reconocido en vida con multitud de condecoraciones civiles (…) su labor también fue reconocida con otras numerosas condecoraciones internacionales (…) recibió muchos premios y reconocimientos académicos, tanto españoles como extranjeros” (El Mundo).

“Manuel Fraga: el amor a España, la pasión por la libertad (…) El último viaje de Manuel Fraga, un político eterno (…) Rubalcaba elogia a Fraga: “Fue un servidor público impecable” (…) Su desbordante inteligencia y su gran preparación le situaban como uno de los más preclaros candidatos a la jefatura del Gobierno, que, a pesar de su enorme ambición, nunca pudo conseguir” (titulares y comienzo de un editorial de La Vanguardia).

Más sorprendente -o quizás  no tanto- es que El País nos intente hacer tragar la misma cantinela edulcorada que ofrecen ABC, La Vanguardia, El Mundo o La Razón. De la mano de Pío Cabanillas -“Un gallego como tú”- o Ruíz Gallardón -“Acción y Pensamiento”- leemos artículos publicados en la edición impresa de hoy en la línea de los anteriormente citados. “Fraga, 60 años de pasión por el poder”, es otra aportación del corresponsal en Galicia para la adulación gratuita y, lo que es peor, el enjabonamiento de lo más sucio del PP: “(…) tras él desaparece el último eslabón físico que aún unía remotamente a la derecha actual con el franquismo (…)”. En este artículo se habla -otra vez- de la “legendaria capacidad de adaptación” de Fraga en lugar de la adaptación del franquismo de la mano de Fraga, idea muy diferente a la que quiere colarnos El País. “Me quedo con el Fraga que supo cambiar e integrarse en el sistema democrático”, ha afirmado Rubalcaba, machacando la idea, en lugar de Me quedo con el Fraga que adaptó el franquismo al sistema “democrático” incluso antes de la transición.

“Una capilla ardiente no tan íntima” completa al diario impreso de hoy, haciendo recuento de la cantidad de “personalidades” que acudieron a su entierro. Pero hay más;

Otra noticia titulada “PP y PSOE alaban a Fraga por su actuación democrática” comienza así: “servicio al Estado, trabajo incansable y compromiso con la democracia como padre de la Constitución” para terminar indicando que “fuera del elogio quedaron los representantes de partidos de la izquierda minoritaria”. La opinión la completa el líder del PP con otros dos artículos: Rajoy sobre Fraga: “Uno de los políticos más grandes del siglo”;“El amor a España, la pasión por la libertad”; y encontramos otros muchos en el mismo tono, que tratan de inspirar simpatía hacia su figura antes que otra cosa: “Manuel Fraga o la ensoñación canovista”, Entregado a su deber, Cuando Fraga daba miedo, etc.

Todos ellos, textos donde nunca podría describirse cual fue realmente el papel fundamental de Fraga: como Ministro de Información de la dictadura (1962-69), el de adaptarla a la post-transición, de manera que se mantuviesen intactos los mismos privilegios políticos, sociales y económicos a la vez que se instaurase el silencio sobre un genocidio, el franquista, perpetrado de forma sistemática hasta los años 50. Incluso mediante la fundación de un partido político -Alianza Popular- cuya cúpula copaban los descendientes de altos cargos del franquismo. 

Ese es, precisamente, el mismo rol que El País y el conjunto de Prisa juegan respecto al orden neoliberal que viene imponiéndose de forma acentuada en los últimos años, rol que podría resumirse a la perfección bajo el enunciado de la conocida canción de Mary Poppins: “con un poco de azúcar esa píldora que os dan pasará mejor”.

Deben saber quienes manufacturan el consenso que por mucha azúcar que le echen a Fraga en la prensa, radio o televisión, o en el cine a Margaret Thatcher, al rey Jorge VI y a tantos otros, nunca conseguirán hacernos olvidar cuáles fueron sus nefastas acciones, porque ese es su verdadero legado para la sociedad y la historia.

Ante la aparición en prensa de titulares como el de El País “El 15-M presenta una “candidatura ciudadana” a las elecciones andaluzas”, Público -”El 15-M presentará “candidaturas ciudadanas” a las andaluzas”-, El Mundo -”Un grupo de indignados crea el partido político del 15-M”-, Europapress -”El 15-M crea una plataforma web para presentar una “candidatura ciudadana” a las elecciones andaluzas”- y otros muchos medios, titulares y noticias que parece, no han sido suficientemente contrastadas, queremos publicar el comunicado que ha emitido la fuente principal de la que beben estos diarios, Rafael Palomo, portavoz de la Comisión de Legal Andalucía. El comunicado se ha redactado tras una nota aclaratoria anterior;

Algunas aclaraciones sobre la noticia de la “Candidatura Ciudadana” ante las elecciones autonómicas:

“1. Obviamente, se trata sólo de una propuesta, apoyada ahora por la Comisión Legal Andalucía y la Comisión Interterritorial de Acción Política por Andalucía (CIAPA). En ningún caso hablamos en nombre del todo el “15M” ni como Asamblea de Sevilla.

2. De ninguna manera se trata de crear un Partido Político, sino de la posibilidad de presentar una lista de personas, independientemente de si pertenecen a un partido político o no, si están en comisiones del 15m o no; éstas serían elegidas mediante listas abiertas por todas las personas que accedan a la plataforma listabierta.com, respetando una serie de mecanismos relativos a la participación ciudadana y de las asambleas.

Lamento mucho si a alguien le ha sentado mal la propuesta o que se hable sobre “El 15M” o “los sevillanos”. Esas han sido malinterpretaciones, probablemente malintencionadas, de la prensa. Nosotros señalamos reiteradamente que la propuesta era de la CIAPA, y que la Comsión Legal Andalucía se comprometía a darle toda la difusión posible, a las Asambleas del 15M y a todas las personas en general. Por ello lancé de prensa en su momento, para darla a conocer a todo el mundo, pese a ser aún una iniciativa no decidida por las asambleas del 15M de Andalucía, especificando que era una propuesta de la CIAPA. Pido perdón, también, por usar la cuenta “acampadamalagacomunicación@gmail.com” para lanzar el comunicado. Se hizo porque ahí pudimos encontrar la lista de medios y asambleas, pero desde luego fue un error. Lamento no haber sido más prudente.

Rafa Palomo“.

La propuesta tampoco aparecía en la web de la Asamblea de barrios y pueblos de Sevilla. Sólo en un “proyecto” llamado “Unidad Ahora” propuesto como documento a debatir en las asambleas del 15M de Andalucía, que son muy numerosas.

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Nota: para entrar en el enlace del comunicado aclaratorio hay que tener usuario en N-1, y acceder a ese espacio.

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Noticia en otros medios;

Tercera Información

Madrilonia

Kaos en la Red

Una nueva encuesta de Metroscopia, empresa que trabaja para El País, sirve a este diario para elaborar una noticia bajo el siguiente titular: “La mayoría [de los españoles] apoya los recortes pero rechaza la subida de impuestos”, y colocarlo en la portada de su edición impresa de hoy. El subtítulo aclara que es “un 53% el porcentaje que aprueba la actuación de Rajoy” y que “el coste político del ajuste es mínimo”. Veámos como ha llegado El País a esa conclusión a partir de una encuesta de la que no se ofrece ficha técnica en la noticia (intervalo de fechas en que se realizó, número o perfil de encuestados, etc.), sino tan sólo dos columnas donde aparece la opinión de los votantes de PP o PSOE, como es habitual en El País, obviando al resto de los encuestados.

Bajo el título “valoración del Gobierno y sus primeras decisiones” se pregunta por el conocimiento de los nuevos ministros sin incluir a Rajoy, obteniendo todos ellos un 5 o más en su valoración, lo cual resulta ya extraño de entrada. En otra encuesta de Sigma 2 para El Mundo publicada el 1 de Enero de 2012 en la que se preguntaba “de los siguientes ministros ¿le parece adecuado o inadecuado su nombramiento?” más de la mitad de los encuestados respondía sobre siete ministros “No sabe / no contesta”, como en el caso de El País, por lo que la media se hace entre quienes los conocen, es decir, mayoritariamente sus votantes, de ahí que todos obtengan más de un 5 en su valoración. Si sólo un 44% conoce, por ejemplo, al nuevo ministro de economía, Luis de Guindos, sólo un porcentaje menor sabe que trabajó en Lehman Brothers, y otro menor aún conoce que se trata de un compañía financiera de inversión que falseó las cuentas públicas de Grecia antes de quebrar en EEUU, es de esperar que este tipo obtenga un 5 de valoración media.

Para la pregunta “¿qué evaluación le parece la forma en que ha actuado [Rajoy]?” se dan sólo tres posibilidades de respuesta: 0-4 / 5 / 6-10 y se obtiene un 4,6 de puntuación media, pero El País prefiere decir que el “53% aprueba la actuación de Rajoy”, y lo lleva al subtítulo de su portada. Es normal que muchos opten por el 5 para verse más equilibrados y no entrar en la “radicalidad” de una respuesta que incluye el cero o el 1. De esta manera también se deduce que “la mayoría apoya los recortes”.

Luego se pregunta por los recortes en concreto, no antes. Ahora bien, habría que reflexionar sobre la razón por la que entre esas 7 cuestiones se pregunta si “¿Le parece bien o mal que el gobierno haya decidido…? Restablecer la desgravación por compra de vivienda y revalorizar las pensiones un 1%“, cuando son medidas positivas -o lo parecen- y se sitúan junto a 5 recortes. De esta manera se eleva la aprobación de los porcentajes de respuesta. De no incluir esas dos preguntas que suponen realmente un ahorro económico a corto plazo para el ciudadano (aunque la desgravación a la vivienda reactive la burbuja inmobiliaria), las medidas “aceptadas” se reducirían. Más aún, si se preguntase por todos los recortes aprobados la media se derrumbaría. ¿Por qué no se incluyen en la encuesta otras decisiones impopulares silenciadas como que no se van a reemplazar los puestos vacantes de la administración estatal en casi todos los sectores, que se va a aumentar la jornada laboral de los empleados públicos hasta las 37,5 horas, que se elimina de la Renta de Emancipación, se suprime la bonificación a la compra del gasóleo profesional, se avala a la banca privada con 100.000 millones, o se aprueba una ley restrictiva, como la Ley Sinde? Probablemente porque el titular cambiaría a “La mayoría rechaza tanto los recortes como la subida de impuestos”.

Las siguientes preguntas de la encuesta quedan condicionadas por estas ausencias y porque muchas de las medidas se notarán en el bolsillo más adelante y no ahora, cuando se haga la declaración de la Renta o se trasladen a los presupuestos del Estado esos 9.000 millones de recorte. De ahí que a la pregunta ¿Se siente perjudicado o no por ellas? el 50% responda “No”.

En definitiva, la conjunción del desconocimiento generalizado de medidas aprobadas en su mayor parte en fechas festivas (el 30 de dicembre) y la forma de preguntar de Metroscopia y enunciar los titulares El País llevan a una conclusión artificialmente confeccionada.

Una semana después, los bancos depositaban otra vez en el BCE 411.813 millones de euros, apalancándolo allí en lugar de hacerlo circular hacia las deudas públicas de los Estados (con las que obtienen intereses de entre un 4 y un 12% en los últimos meses) o, lo que es más importante, hacia las pequeñas empresas y economías domésticas, como había pronosticado El País entre otros medios. La justificación de este diario la leíamos en un titular del día 28 de diciembre: “La desconfianza lleva a la banca a depositar en el BCE una cifra récord”. La “desconfianza”;

“(…) El movimiento, aparentemente absurdo, confirma que en el sistema financiero europeo sobran dos cosas: liquidez y desconfianza, y ambas en grandes cantidades (…) De ese dinero, tres cuartas partes lo han devuelto al BCE (…)”.

El País volvía a mentir al afirmar que “sobra liquidez” y que el dinero “se ha devuelto al BCE”, puesto que no pertenece ahora a esta institución, sino a los cerca de 500 bancos europeos que lo pidieron. El BCE sólo hace de depositario del mismo a la vez que sigue sin prestar el dinero a ese 1% directamente a los Estados porque lo impiden las normas creadas desde la UE para el BCE. No olvidemos nunca que la UE sigue controlada por los partidos populares y “socialdemócratas” en menor medida. Eric Toussaint lo definió con estas palabras: “los gobiernos que crearon el BCE querían reservar para el sector privado el monopolio del crédito con respecto a los poderes públicos. Sus estatutos, así como el Tratado de Lisboa, prohíben, y también a los Bancos Centrales de los países de la Unión Europea, prestar directamente a los Estados”.

Es de vital importancia, por tanto, modificar los estatutos del BCE y derogar tratados como el de Lisboa, pero será difícil que ese debate llegue a los grandes medios. De la misma manera, en ningún momento se explica en el artículo de El País la razón por la que los bancos depositaron 411.813 millones de euros otra vez en el BCE, más allá de ambigüedades como “la desconfianza”: “(…) El Santander afirma que la eurozona sufre una fuerte crisis de confianza (…)”.

Esta vez debemos agradecer al diario Público una explicación más convincente en su artículo “La banca bloquea el dinero y condena a los hipotecados”;

“(…) Ahora parece que ha decidido quedárselo sin moverlo “para cumplir los requisitos de solvencia” que les ha exigido la EBA (Autoridad Bancaria Europea) para julio del próximo ejercicio, apunta Javier Flores, responsable del servicio de Estudios de Asinver. “Barren su casa en lugar de hacer circular el dinero”, añade (…)”.

También es posible que estos bancos esperen a que los intereses de la deuda pública de los Estados periféricos vuelvan a subir hasta niveles de meses anteriores para volver a comprarla. Recordemos que España llegó a pagar un 7% de interés a mediados de Noviembre de 2011, mientras que a mediados de Diciembre dicho interés había bajado al 4,08% en el caso de títulos a un año.

Sea como fuere, insisto en que El País no es una fuente fiable para enterarse de lo que ocurre en la economía porque demuestra en cada texto su respaldo incondicional a la banca privada, con la que el Grupo Prisa sigue endeudada y a la que debe seguir buscando para conseguir liquidez.

La ayuda encubierta a los bancos de 100.000 millones por parte del gobierno Rajoy según decreto-ley del 30 de Diciembre fue informada desde este diario como “(…) una práctica común de los Gobiernos europeos, entre ellos el de José Luis Rodríguez Zapatero, durante la crisis financiera ante la desconfianza de los inversores en el sector financiero (…)” a fin de quitarle hierro a la medida. Tampoco se critica que el nuevo gobierno no anunciase públicamente sobre este gigantesco aval ni se informa en ese artículo de que la banca española deberá finaciar este año los vencimientos de su propia deuda en 2012, que asciende a 120.000 millones de euros y otros 80.000 millones en 2013. Lo que empieza a quedar muy claro es que cuando El País se encuentra ante el dilema del apoyo incondicional a la banca privada o el ataque al nuevo gobierno del PP está claro que opta por el primer posicionamiento.

Lo que es aún más alarmante es que se silencie en El País y otros muchos medios que los vencimientos de la deuda para el Estado español en 2012 serán de 130.000 millones y otros 30.000 millones para las comunidades autónomas (solo presente en Europapress y La Vanguardia, con 5 visitas, entre los de mayor difusión), es decir, que son los poderes públicos los que más necesitan financiarse mientras la banca apalanca el dinero facilitado por el BCE para cubrir sus propios vencimientos de deuda y cumplir con los requisitos de solvencia. Pero los Estados necesitarían financiarse al 1% a fin de que la crisis de la deuda no se utilice para destruir definitivamente los avances sociales conseguidos durante las pasadas décadas.

Todos estos son asuntos de primerísimo orden y no se les está dedicando apenas espacio en los medios más influyentes. También lo es el debate del fraude fiscal -del que al fin se dijo algo en Cinco Días- así como el empeño de la UE por salir de la crisis sistémica reduciendo el déficit y destruyendo empleo en estos momentos.

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Imagen: www.e-faro.info

Aún así, según Expansión, la subasta “pondrá las bases para que fluya el crédito”. En palabras de El País, servirá “para estimular la concesión de crédito a las familias y empresas“. -”El BCE inunda el mercado de dinero y presta 500.000 millones a la banca europea”-. El mismo “objetivo” que en 2009;

“(…) Hasta ahora el BCE había prestado liquidez a un plazo máximo de un año, en 2009. A finales de junio de aquel año y antes de que se completase el proceso de fusiones que siguió a la crisis financiera, prestó a 1.121 bancos 442.240 millones de euros a un interés fijo del 1%. El objetivo, era el mismo: facilitar la concesión de créditos a largo plazo para apoyar la reactivación de la economía, que por aquellas atravesaba la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial (…)”.

No puede negarse que el dinero fácil entregado a la banca europea se destinará a muchos usos, pero el principal con mucha diferencia no será la concesión de crédito o préstamos a los pequeños empresarios o autónomos, sino la compra de deuda pública de los países periféricos: Grecia, Italia, España y Portugal, cuyo interés sitúan las agencias privadas de calificación entre un 4 y un 12% según se trate de uno u otro Estado y según se sometan o no las órdenes de Bruselas respecto a los recortes. Se cumple así otro mecanismo perverso de robo de dinero público también destinado a tapar los agujeros de los bancos. Los ubicados principalmente en España poseían 244.450 millones de euros en deuda pública europea en Septiembre de 2011. Santander y BBVA cuentan con respectivas inversiones de 49.348 millones y 61.009 millones que no se destinaron a financiar la economía productiva española porque la deuda pública permite beneficios más seguros y más a corto plazo.

TVE sí lo explicaba más acertadamente en uno de los telediarios de este mes, resaltando el uso principal que va a darse a esa inyección del BCE, que sigue sin financiar directamente a los Estados al 1%;

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“El 72% del fraude fiscal de este país lo hacen las grandes empresas y las grandes fortunas”. Así de tajante fue el 2 de diciembre el coordinador en Asturias del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda,

Cayo Lara apuntaba certero avisando de lo decisivo que sería combatir la evasión fiscal para frenar los recortes sociales puestos en marcha por el gobierno del PSOE y en prometida aceleración gracias al PP y su vaga declaración de intenciones. Lo hizo primero el día 14 en una entrevista en el programa de “La noche en 24 horas” y poco después, recordando el informe publicado por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda -Gestha- donde se denunciaba que España es el tercer país más defraudador en el ranking de economías sumergidas de la UE-15, con un 23,3% de su PIB, y que “el 71% de la evasión fiscal anual la cometen las grandes empresas y fortunas de España”.

Desde Gestha también recordaban que el 80% de la plantilla de técnicos se dedica a la comprobación e investigación de los pequeños fraudes. De esta manera se otorga impunidad a la mayor parte de las grandes empresas y fortunas de España, lo que ha provocado que se siga delinquiendo y a que la tasa de la economía sumergida española se haya cuadriplicado entre 1998 y 2008. Gestha ya avisó a los partidos políticos en precampaña de lo importante que era atajar el fraude fiscal como “medida vital e imprescindible para superar la crisis sin necesidad de aumentar los impuestos y exigir nuevos sacrificios a los españoles“.

Poco importó a los media mass la publicación del informe demoledor de Gestha el pasado 13 de diciembre, divulgado por la agencia de noticias Europa Press e ignorada la nota de prensa por todos ellos. Sólo se leyó en medios de internet como Tercera Información, Rebelión, LibreRed, NoticiasCuriosas.info, Lainformación o Madrilonia.

No es la primera vez que se silencian los informes de Gestha. De la propuesta de “un pacto fiscal estatal para aumentar la recaudación anual en 53.900 millones adicionales” de finales de Octubre -por ejemplo- sólo se hacían eco Europapress, La Vanguardia y 20 minutos.

Miquel Ramis, secretario general del PP balear, decía “no creer” en el pacto fiscal propuesto asegurando que no nos haría “salir adelante”. En el debate de investidura, Mariano Rajoy respondió a IU sobre esta cuestión con la misma vaguedad que en otros asuntos e insistiendo en que “no se debe gastar lo que no se tiene”, mientras le indicaban de manera cristalina de dónde pueden tomarse los recursos económicos que el Estado necesita.

Tras el debate, El Mundo remarcaba que “Rajoy había ganado en espectadores a Zapatero” sin mencionar el tema del fraude fiscal. El País publicaba un bien-sonante artículo titulado “Lara emplaza a Rajoy a elegir: los mercados o los ciudadanos”, pero volvía a dejar en el tintero cualquier referencia al fraude fiscal. Quizá sea PRISA una de esas grandes empresas que suman el 71-72% del total defraudado. Público se quedaba en una frase exigua: [Cayo Lara] “ha pedido a Rajoy que diga cómo va a combatir el fraude fiscal y la economía sumergida”. Resulta increíble que el único diario donde podía encontrase una referencia clara a Gestha y las cifras del fraude fiscal tras el debate de investidura fuera La Razón, en una noticia del 19 de diciembre;

“(…) No obstante, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) asegura que si el Estado hiciese una apuesta decidida contra la economía sumergida, podría reducirla en hasta diez puntos, lo que se traduciría en unos ingresos adicionales de 38.500 millones de euros anuales en concepto de impuestos aflorados. (…)”.

Con todo esto, si existiese voluntad política se recuperarían -pues- los fondos necesarios para frenar los recortes e iniciar la recuperación económica, pero no olvidemos de dónde procede el 71% de esos fondos. No sorprende a estas alturas que tampoco exista voluntad mediática para situar este asunto en primera línea de discusión ante la opinión pública. Según declaró Vicenç Navarro en El Periódico “los informes de GESTHA han mostrado en el pasado gran certeza en sus análisis, lo cual les ha dado una credibilidad que entra en conflicto a menudo con las declaraciones oficiales del ministerio”. Al parecer, esos informes también entran en conflicto con la mayor parte de las corporaciones mediáticas.

Lo cuenta su diario por

En connivencia, porque “lo que está sucediendo” es fácil de explicar a groso modo: las personas que trabajan para los poderes financieros presionan a los gobiernos y patrocinan a los partidos que se turnan en el poder -que no a todos los políticos- a fin de conseguir la desregulación de la economía por escrito. Incluso engrosan los ministerios de economía. Esos políticos legislan a favor de la banca y el libre comercio según la doctrina económica y les permiten los atropellos que hoy vivimos. El resultado: burbujas inmobiliarias, rescates bancarios, crisis de la deuda y asalto al sector público y a los derechos de los ciudadanos, particularmente los laborales.

Todo esto lo sabe de sobra Cebrián, pero su trabajo es -precisamente- esconderlo y confundir a la opinión pública con mensajes que tratan de debilitar a la única estructura que hoy por hoy puede frenar en la práctica los abusos de la banca y las corporaciones: los Estados y sus garantes, los políticos, o mejor ciertos políticos que probablemente hoy no gobiernan. Los únicos que pueden sacar a la editorial Santillana de tal o cual país, no conceder licencia radiofónica a la Ser e incluso nacionalizar -oh, sacrilegio- cualquier otra empresa del grupo PRISA o banco afín. Políticos que podrían negarse incluso a pagar la deuda ilegítima, como sucedió en Argentina, en Ecuador o en Islandia.

No me parece aventurado decir que la crisis sistémica actual es el principio de un nuevo orden mundial en el que medios como El País y multinacionales como PRISA juegan un papel fundamental a la hora de justificar recortes sociales, silenciar el abultado fraude fiscal de las grandes empresas y fortunas, las alternativas antineoliberales para salir de la crisis, o el ejemplo de otros continentes en la lucha contra la pobreza. El mismo papel que el resto de medios de gran difusión. Es significativo -por ejemplo- que la petición de una oyente de RNE (13 Dic.) de que llevasen a la radio pública a economistas “antineoliberales” fuese contestada por el presentador en los siguientes términos: aquí no traemos economistas “anti-nada”. También es llamativo que la intervención del presidente de Chile, Sebastián Piñera, en la misma conferencia sólo hablase de la “solidez y responsabilidad” de su país, del crecimiento, de la inversión extranjera y otras cuestiones del interés de las multinacionales asistentes, pero sin referirse en ningún momento a las cifras publicadas por CEPAL a finales de Noviembre sobre el avance de Latinoamérica en la reducción de la pobreza en los últimos 20 años.

Sólo Cebrián se refirió al “auge de la clase media”, aunque -por supuesto- tratando a las personas como lo que son para el no tan nuevo orden, meros consumidores de productos;

(…) En cualquier caso, ha señalado, el auge de la clase media es una buena noticia para América Latina: “Las demandas internas van a hacer crecer a los países” (…).

Pero si hay una frase de esta conferencia de Cebrián, asiduo de las reuniones del Club Bilderberg, que define como ninguna la ofensiva mediática contra “los políticos” en general y la ya maltrecha democracia en particular, es la siguiente;

(…) “nos encontramos confusos respecto al modelo, desorientados respecto a la ineficacia de la democracia en la respuesta a los problemas, y absortos por lo que nos está sucediendo” (…).

¿Acaso su ataque a los políticos y a la “ineficacia de la democracia” no son guiños a la aberración que se perpetra en Grecia e Italia, donde hoy gobiernan tecnócratas que nadie ha elegido y que forman parte del mismo Club?

La alternancia en el poder que vivimos hoy, parodia de la que se padeció en el cambio de siglo (XIX-XX) entre el partido liberal y el conservador, condiciona numerosos matices ideológicos en la información que venden los medios afines al PSOE según gobiernen los “social”-liberales o los conservadores-liberales. Sin salirse de la vía ultraliberal elegida, pero escorándose a un lado u otro de la misma según gobierne PP o PSOE, cualquier medio puede parecer plural prestando atención a lo que antes desechaba. Así, periódicos como El País pueden hablar hoy de temas que nunca se plantean cuando el presidente es el candidato del PSOE, pero que conviene rescatar una vez se ha entregado el testigo al PP a fin de recuperar la reputación perdida.

Un ejemplo muy ilustrativo de este baile de máscaras es una noticia del 29 de noviembre titulada “El 82% de los españoles piensa que los impuestos no se cobran con justicia”, con un subtítulo que rescata una cuestión de primer orden en el plano económico: “ocho de cada diez ciudadanos opina que existe mucho o bastante fraude fiscal”, cuestión casi ignorada durante la pasada legislatura por El País y el PSOE, así como por el resto de los media-mass y si muy denunciada desde partidos como IU u organizaciones como Attac. En realidad, cualquier asunto relativo a la política fiscal se eliminó de los medios del bipartidismo a fin de que el inmenso fraude fiscal o la tendencia regresiva de las sucesivas reformas impositivas impusadas por ambos partidos quedasen fuera del debate público.

Desde aquí mencionábamos en Septiembre que “el fraude fiscal en nuestro país se estima en 80.000 millones de euros anuales, lo que cabría a 20.000 euros/año por cada uno de los 4 millones de desempleados actuales”. La cifra marea aún más si se compara con -por ejemplo- el gasto que conlleva el subsidio agrario (PER) en Andalucía y Extremadura (720 millones de euros al año entre ambas Comunidades Autónomas), los cerca de 1.000 millones de presupuesto para el Ministerio de Cultura, o los 2.840 millones de partida presupuestaria para Educación en 2011.

Es importante fijarse en que esta noticia de agencias publicada en El País y otros medios se basa en los resultados de la encuesta del CIS de Julio de 2011, que mostraba una opinión de la ciudadanía que no pareció interesar entonces, durante los últimos meses de gobierno del PSOE. Efectivamente nada hizo este partido contra el fraude fiscal mientras se reducía el presupuesto destinado a las inspecciones de hacienda o se ocultaban los nombres de los defraudadores ubicados en paraísos fiscales, por lo que no venía a cuento hablar de ello. En período electoral ni siquiera conviene al PP que se debata sobre fraude fiscal, pues es corresponsable de la situación actual y nada hará al respecto mientras la mayor parte de ese fraude corresponda a las rentas más altas.

Si el momento de publicar algo es siempre decisivo, también lo es la selección cuidadosa de las respuestas ciudadanas. Así, es improbable que ciertos asuntos de la encuesta sean llevados al titular e incluso al contenido de la noticia ofrecida por las agencias. Veámos otra selección de titulares improbables que podrían haberse extraído de la citada encuesta del CIS;

El 72% de los españoles está “poco o nada satisfecho con la administración de Justicia”.

Más de la mitad de los españoles cree que el Estado dedica “muy pocos recursos a Seguridad Social,  pensiones y ayuda a personas dependientes”.

Sólo el 23,7% de los españoles cree que el Estado se esfuerza en la lucha contra el fraude fiscal.

El 88,3% de los españoles se muestra contrario a la reducción del gasto social (sanidad, educación, …) para reducir el déficit público.

“Una impagable publicidad (…)

Resulta inaudito que, en plena campaña electoral, la dirección del que yo consideraba uno de los pocos periódicos independientes de España haya permitido un artículo de propaganda electoral disfrazado de artículo de opinión (…)

Una cosa es la opinión, siempre respetable, y otra la propaganda electoral, que no suele aparecer en esas páginas (…)

¿No le parece un exceso permitir que la prestigiada ‘cuarta página’ se convierta en una especie de mitin político en favor de un candidato? (…)

Ya sé que el autor del artículo es el admirado Vargas Llosa, pero ¿permitiría EL PAÍS que el resto de sus columnistas pidieran en campaña electoral tan abiertamente el voto para una opción?”

Son algunas de las quejas seleccionadas por la Defensora del Lector de El País tras la publicación de una columna de Vargas Llosa de título empalagoso -“Una rosa para una rosa”- en la que el escritor peruano le tira los tejos a la candidata de UPyD. Que Rosa Díez ya fue pretendida por Ynestrillas y Falange Auténtica no lo menciona el texto de la defensora. Tampoco que la cortejan Pedro J. Ramírez y Federico Jiménez Losantos.

El texto no permite comentarios de los lectores. Si así fuese, tal vez se leerían críticas más duras que irían más allá de la impagable publicidad o propaganda electoral disfrazada de artículo de opinión. Pocas quejas han debido pasar el filtro de El País. No pocas han ahondado más allá de que se utilice ese espacio para hacer apología de un partido -cosa, por otro lado, más que habitual respecto al PSOE- pero -claro- esas no figuran en la selección de cartas de la defensora del lector. ¿De veras nadie se refirió a la desfachatez de El País de promocionar a un partido neo-falangista? ¿Acaso ninguna carta se refirió al párrafo que Vargas Llosa dirigió al movimiento “de indignados”, o tal vez la defensora prefirió obviar esas numerosas quejas?;

“(…) Pronto el movimiento desbordó sus cauces originales, y, espoliado sin duda por grupos extremistas, ha ido adoptando unas consignas tan anacrónicas como la estatización y el dirigismo económico, y la sustitución de la legalidad parlamentaria por la legalidad de la calle y la acampada. Ese camino solo puede conducir al deterioro y hasta el desplome de lo más precioso que tiene hoy España: la democracia que recuperó luego de 40 años de dictadura (…)”

Llosa acusa al 15M de dejarse llevar por grupos “extremistas” que los conducen “hasta el deterioro y el desplome de la democracia”. ¿Qué podría responder el director de El País a que su diario -tras promocionar a UPyD- también nos cuele infamias análogas a las que ABC, La Razón o Intereconomía nos repiten cada día sobre dicho movimiento ciudadano?

Pues bien, esta es una parte sustancial de la respuesta del director a las tibias críticas recogidas por la defensora del lector;

“No sería aceptable que los articulistas habituales utilizaran el espacio de que disponen para hacer campaña en favor de una opción política (…) Ha sido una decisión discrecional basada en criterios estrictamente profesionales y de interés general (…) no hemos hecho nada distinto de lo que hacemos habitualmente: valorar la oportunidad de un texto en función de su interés periodístico“.

Ya saben. No es aceptable que los articulistas habituales utilicen El País para promocionar su opción política personal, pero -señores- se trata de Vargas Llosa, es decir, un caso “excepcional” aceptable. Además, la opinión de este escritor o su inclinación por UPyD “es de interés general” y “periodístico”…

Imaginen que se diese carta blanca a todos los columnistas de El País y del resto de la prensa para publicar un artículo de propaganda electoral hacia su candidato personal. Algunos no lo harían pero otros muchos si que tendrían la misma jeta que Vargas Llosa.