Diseccionando a El País

Editorial El País: “la convocatoria de huelga general carece de fundamentos razonables. El ejecutivo no puede echarse atrás”

Ayer se aprobó el decreto urgente por el cual se pone en marcha, tras la rúbrica del rey, una reforma laboral que los sindicatos califican como peor que lo que les sirvieron en la mesa e intentaron hacerles tragar durante las negociaciones previas.

Hoy, con el decreto unilateral sin digerir, El País, diario que lleva meses animando al gobierno a emprender unas “reformas estructurales” que siempre se dicen “necesarias”, “ineludibles” o “inevitables”, pide en su editorial que la posterior tramitación como ley no “desactive” el actual decreto de reforma laboral (1) y la emprende contra los sindicatos.

Las medidas de recorte en todos los ámbitos del llamado estado de bienestar que hoy escuchamos en medios como El País u otros que se decían progresistas, las reproduce también el sector público -televisión y radio- siguiendo un guión que se repite en todas las tertulias políticas. El discurso es claro: la justificación de las “reformas” ya aplicadas y la comprensión hacia las que van proponiéndose en marcha bajo la misma retórica: “son necesarias”, “se trata de transmitir firmeza a los mercados”, “hay que apretarse el cinturón”, “no se están recortando derechos”, “va ha hacerse de todos modos”, “no existen otras opciones”, “la huelga es inútil”…

Es difícil encontrar discrepancias de calado entre los medios privados, conservadores o liberales -que basculan entre el seguidismo a las críticas del PP y el apoyo a las mismas- y otros medios liberales más ligados al PSOE (PRISA), o los de ámbito público (RTVE, Canal Sur, etc.), cuyo discurso no difiere si observamos el fondo de la cuestión: el respaldo a los recortes.

De un lado, es lógico que los asesores del PP recomienden un lenguaje cínico-falangista de apoyo a los trabajadores -al percatarse que no existe margen de crecimiento de los popul-istas-ares por la derecha- mientras se condena la herramienta histórica más eficaz de éstos (la huelga) para rechazar el pago de la factura de la crisis , pago que a nadie adeudamos. De otro, aquellos medios que respaldan al gobierno deben desautorizar a los sindicatos y convencer a los trabajadores de que la huelga general no sirve para nada, a el fin de desmovilizarlos durante los meses estivales. Las fechas para aprobar las medidas más impopulares no son, por descontado, nada casuales. Tanto el mundial de fútbol como las vacaciones de verano servirán como canalizador del cabreo general y bálsamo para que, llegado el 29 de Septiembre, los ánimos se apacigüen y el hastío o la pereza hagan el resto.

Sirvan los argumentos de este editorial de El País como ejemplo de lo expuesto.

Lo que hace el gobierno es lo que debe hacerse, lo adecuado;

“(…) Debe actuar en contra de la dualidad del mercado laboral y abaratar el despido a cambio de favorecer la creación de empleo (…) se trata de transmitir firmeza a los mercados (…)”.

Sin embargo, no hace falta ser economista para deducir que la reducción del déficit a través de la austeridad, de la disminución del gasto público, no genera empleo, sino todo lo contrario. Abaratar el despido o incentivarlo -como también proponen los neoliberales y acatan los gobiernos- es la forma idónea de aumentar el paro más que de generar nuevos empleos.

Se trata de pagar la deuda que los Estados tienen con los bancos privados (déficit) antes que solucionar la recesión que éstos provocaron, y la manera de pagarla es transmitir su agujero financiero a la economía real sin tocar el bolsillo de los pudientes. Consiste en utilizar la escasez que provocaron los poderes financieros para desgastar logros sociales conseguidos en el pasado y lavarse las manos mediante el recurso de que las medidas vienen impuestas desde el exterior. Esto ya ni siquiera se hace desde la UE, chivo expiatorio para muchas decisiones impopulares, sino desde “los mercados”, término en plural que no apunta a nadie y que diluye la responsabilidad real de los bancos e instituciones neoliberales usurpando la soberanía popular.

Continuando con el lenguaje imperante en los medios, mientras el gobierno actúa porque “no tiene otro remedio”, pese a que remedios hay muchos, lo que hacen los sindicatos es “amenazar” con una huelga. Nótese como se sustituye el neutro “convocar” para convertirlos en los malos de la película;

“(…) empujado por las amenazas sindicales (…)”.

Pero el editorial va más allá. Simplifica las causas de la huelga y las circunscribe exclusivamente a esta “reforma” laboral;

“(…) La reforma laboral del Gobierno, motivo expreso de la huelga (…)”.

Olvida el El País otros ataques del gobierno a los intereses de las clases populares: el recorte del gasto público tras el rescate multimillonario a los bancos privados, la devaluación de salarios de funcionarios y pensiones, la eliminación de otras ayudas sociales a la dependencia, natalidad, etc., la subida de impuestos indirectos a diferentes productos o de otros como el IVA, la eliminación de impuestos que afectaban a las grandes fortunas, como el de Patrimonio y, por supuesto, la reforma laboral y otras amenazas (éstas sí) contra los ciudadanos, como las propuestas de cambio del cómputo de 15 a 25 años en las pensiones, la prolongación de la edad de jubilación de 65 a 67 años o el pago de una cuota individual a cambio de la atención sanitaria ¿pública?.

Dice el editorial que la reforma laboral es el “motivo expreso” de la huelga para, en seguida, contradecirse con otra nueva causa que ahora se convierte en única para explicar “lo que importa a los sindicatos”, el tijeretazo a los funcionarios;

“(…) La convocatoria de huelga general de CC OO y UGT carece de fundamentos razonables. La llamada al paro revela que a los sindicatos les importan únicamente los derechos de los trabajadores con contrato fijo y alta indemnización. Solo así se explica que alcen la voz cuando se recorta el salario de los funcionarios (…)”

Una huelga que, según El País, es, además, desproporcionada, porque “no es el caso”, y que seguramente sea más fácil tachar de “desproporcionada” cuando se omite todo lo antes mencionado;

“(…) A los sindicatos les asiste el derecho a convocar una huelga general; pero entre las causas y la respuesta debe existir una cierta proporcionalidad. No es éste el caso (…)”.

En definitiva, y reduciendo las intenciones del Editorial de El País a la última frase del mismo, que asume sin complejos el papel de abogado del diablo (donde su satánica majestad es el sistema neoliberal), un consejo para que el gobierno no vacile con la fusta y un mensaje que pretende desmovilizar a quién desee ejercer su derecho a huelga el próximo 29 de Septiembre;

“(…) El Ejecutivo no puede echarse atrás; la huelga general carece de finalidad práctica.

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(1) El País. EDITORIAL. Un poco de confusión. La tramitación como ley no debe convertirse en pretexto para desactivar la reforma laboral. 17/06/2010