Diseccionando a El País

Voceros del FMI

Una saludable lectura crítica de los medios pasa por, además de prestar a atención a las habituales manipulaciones informativas, contemplar con atención qué es lo que falta -qué se oculta- y, por supuesto, qué tipo de información predomina, a quién se le da voz y a quién se le hace, por tanto, propaganda.

Cada vez es más usual la información que no trata de hechos ocurridos sin más. Cada día ojeamos contenidos con más opiniones y propuestas sobre lo que se debe hacer, sobre todo en los asuntos económicos.

Habría que hacer un estudio estadístico para confirmarlo, pero creo que también puede percibirse que se han incrementado los contenidos donde se recogen opiniones de instituciones u organismos privados, que permanecen fuera del control democrático de los ciudadanos: banqueros, directivos de empresas, expertos en abstracto, especialistas y analistas anónimos, economistas empleados por multinacionales, corredores de bolsa y, cómo no, representantes del Banco de España, del Banco Mundial, de la Reserva Federal de EEUU, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional.

Es evidente que todos defienden un sistema económico desregulado que, como dirían ellos, “optimiza sus beneficios”, y si hay algo que caracteriza a éste y a otros períodos de crisis provocada desde el sector privado, es el uso que se hace de la escasez para impulsar el asalto al sector público.

Comprender cómo las clases populares pagan hoy la factura de los desmanes del poder financiero es tan fácil como observar las medidas concretas que impulsan a nivel europeo los gobiernos neoliberales cómplices -tanto ”populares” y socialdemócratas”- aunque otras sean posibles y justas: impuestos al capital, a las rentas más altas, a las sociedades de inversión, nacionalización de bancos que han hecho de la especulación su principal actividad, etc. Las medidas van, sin embargo, en sentido opuesto a estos supuestos, e incluso contra la reactivación económica. La prioridad no es crear empleo. Lo primero es pagar la deuda a los bancos con el dinero de funcionarios, pensionistas y los que vayamos detrás. Cuando el profesor Vicenç Navarro lo explica es fácil de entender. Extraigo algunos párrafos de su esclarecedor artículo “¿Qué mercados financieros?”, el que mejor analiza quiénes y cómo nos roban echando mano de una legalidad antidemocrática;

“(…) Estas medidas de austeridad, promovidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y por la Unión Europea (UE), están creando un gran deterioro de la calidad de vida de las clases populares, pues están afectando negativamente su protección social y están destruyendo empleo, dificultando su recuperación económica (…) No fueron los mercados, sino los bancos y sus políticos en el Congreso (…) los que crearon la crisis, salvaron a los bancos y ahora llaman a la austeridad (…) Los comportamientos especulativos de la banca europea fueron consecuencia de decisiones políticas que desregularon la banca (…) La mal llamada “ayuda” del FMI-EU (de 750.000 millones de euros) a los países con dificultades no es una ayuda a las poblaciones de aquellos países, sino a los bancos (y muy en especial a los alemanes y franceses) para asegurarles que los estados les pagarán las deudas con los intereses confiscatorios que han exigido.

Pero volvamos al principio y veamos a quién entregan el altavoz los medios de comunicación en un momento como éste. Se trata de instituciones que, como decía, son controladas por personajes que no han sido elegidos por los ciudadanos y que trabajan por el recorte del estado de bienestar y derechos sociales por los que tantos años se ha luchado.

Bajo un título genérico “Las recetas internacionales contra la crisis – Cambios en el sistema financiero”, El País dedica hoy varias páginas a las “exigencias” del FMI. Nótese que donde dice “internacionales” debe decir “neoliberales”, sólo para que se entienda siquiera mejor, y que sustituyendo el término “cambios” tendrían que haber escrito “más desregulación”. ¿No se adaptaría mejor el encabezado a estos enunciados destacados?;

“El FMI reclama que las cajas sean bancos controlados por una fundación”.

“El Fondo pide que La Caixa y Caja Madrid se conviertan en sociedades por acciones”.

“El Fondo exige una reforma radical y urgente del mercado laboral”.

“Aplauso para el retraso de la edad de jubilación legal”.

En estas páginas, el FMI expresa con claridad sus ideas y El País las traslada asépticamente: “el organismo exige mayor disciplina de mercado y reducir la influencia política”. “Apoya el paquete de ajuste pero solicita que se vaya preparando otro”. “Pide abaratar el despido y simplificar la negociación colectiva”.

Pero el diario de pago más vendido en la calle también tiene su opinión al respecto, y nos la muestra, por poner algunos ejemplos significativos, a través de su editorial de hoy, una encuesta, y su sección “la sostenibilidad del Estado de bienestar”, dedicada a proponer recortes en todos y cada uno de los ámbitos del sector público.

El Editorial de hoy presenta el sugerente título “Urgentes y decisivas”, y apoya sin pudor las tesis de FMI, aunque con algunos matices. En el último párrafo, por ejemplo, se propone “poner en discusión la rebaja de la indemnización por finiquito”.

La encuesta es la siguiente: “¿Eres partidario del recorte en la ayuda al desarrollo para hacer frente a la crisis económica”. Observe el lector, que siempre se mira hacia el mismo sitio al proponer tijeretazos.

La sección contra el Estado de bienestar, dedicada esta vez a la cooperación, reza: “llegó la hora de los recortes: 800 millones de euros en dos años”. Más de lo mismo.

Recuperemos, para terminar, la cordura, y leamos el trasfondo del asunto, otra vez de la mano de Vicenç Navarro;

“(…) Las que pierden son las clases populares, pues el FMI exige a los gobiernos que extraigan el dinero para pagar a los bancos de los servicios públicos de tales clases populares. Lo que el FMI hace es la transferencia de fondos de las clases populares a los bancos (…)”.

En efecto, primero se embolsaron cantidades astronómicas especulando hasta provocar la crisis actual, con la inestimable colaboración de una sistema económico ultraliberal cada día más desregulado, fraguado en los despachos de la UE y de cada uno de los gobiernos europeos y estadounidense. Después, al pasar por dificultades consecuencia del estallido de la burbuja financiera, sanearon sus cuentas mediante rescates por parte de los Estados, rescates que suman varios cientos de miles de millones de euros. Finalmente, los bancos privados reclaman que se devuelva cuanto antes el dinero que los Estados gastaron en reflotar el sistema a través del gasto público y la generación de déficits. El papel del FMI consiste en exigir medidas impopulares a gobiernos a cambio de préstamos, e incluso tomarse la libertad de exigir sin ese chantaje de por medio, tal y cómo leemos en El País. Cumplir esas exigencias es socavar los cimientos de la democracia, puesto que, como digo, nadie eligió en las urnas a los cargos del FMI.

El papel del BCE es similar. Tomemos Grecia como muestra de este timo legal. Leemos en el periódico Diagonal que los bancos griegos “se benefician de préstamos que les da el BCE con un interés del 1%, para luego prestarlo al Estado a más del 6%. Para obtener los préstamos estos bancos otorgan como garantía al BCE los bonos griegos que han comprado con la ayuda de 28.000 millones de euros que el propio Gobierno les dio el año pasado”.

La estrategia es siempre la misma, la utilización de la crisis para el recorte de salarios, de pensiones, del gasto social, para el impulso de privatizaciones, etc. cuando sí existen otras opciones pero no hay voluntad política de ponerlas en marcha. Asistimos al robo a las clases populares por parte de unos bancos respaldados por gobiernos cómplices. Vivimos, muchos impasibles, el asalto de nuestros recursos y de nuestros derechos democráticos.