Diseccionando a El País

Diseccionando a El País. “Chávez prepara una ‘ley mordaza’ para castigar a la prensa crítica”

La ley de Delitos Mediáticos que está redactando la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios del Parlamento que recibió propuestas por parte de la fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, es definida por Mayte Primera, periodista mamporrera de El País, mediante el titular Chávez pone límites a la libertad de expresión y su segunda versión, Chávez prepara una ‘ley mordaza’ para castigar a la prensa crítica (1), en un nuevo abuso de personalización en la figura de Chávez (2) de todo aquello que pueda ser utilizado para desprestigiarle.

En su anuncio, las palabras de la fiscal fueron: “regular la libertad de expresión sin vulnerarla“, con el fin de garantizar la seguridad pública. Esta declaración, por descontado, es desechada por El País, que prefiere extraer sus propias conclusiones y que sigue reproduciendo la falacia de la “independencia” de los medios privados, que suman el 70% de los de Venezuela, mostrándose contrarios o negativos al gobierno de Chávez en su inmensa mayoría.

La ley regulará el comportamiento de los medios de comunicación y la libertad de expresión en el marco del derecho de los venezolanos y la Constitución bolivariana, que en sus artículos 57 y 58 garantiza que (3);

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa.

Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades.

Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral.

Así pues, más allá de las falacias reproducidas por la periodista de El País, (…) “¿Qué entiende la Fiscalía por delito mediático?”, se preguntó el Colegio Nacional de Periodistas a través de un comunicado difundido el jueves. “¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? (…) Casi todos los ciudadanos, incluyendo a la fiscal, son susceptibles de ser penados con esta futura ley (…)También se incluyen en este artículo los propietarios y directivos de medios de comunicación (…) la ley debiera prevenir la difusión de falsas matrices que infundan miedo en la población, ataques a la seguridad e independencia de la nación y al orden público o propaganda de guerra o informaciones que a efectos posteriores afecten la salud física o mental de los ciudadanos.

Valgan como ejemplo, citado desde el PSUV, las palabras que Rafael Poleo, editor del diario El Nuevo País, dedicó al presidente venezolano desde Globovisión: “Hugo (Chávez) va a terminar como Mussolini: colgado y con la cabeza para abajo”.

Pero ésta es sólo una frase. Recordemos otros delitos mediáticos, como alguno que recibió la condena explícita del Tribunal Penal Internacional, el de Simon Bikindi, por incitar al genocidio tutsi en sus canciones retransmitidas por la emisora Radio Televisión Mil Colinas, también conocida como “la radio del odio”, u otro que quedó impune e incluso recibió el “premio internacional de periodismo rey de España”, pero que más tarde se demostró como una manipulación mediática (4) diseñada para preparar a los venezolanos para el golpe de Estado de 2002: los sucesos de Puente Llaguno.

Por supuesto, los propietarios y directivos de los medios de comunicación debieran ser los responsables últimos de los contenidos que se publican, pues son precisamente ellos los que marcan la línea editorial a seguir y las prioridades tanto informativas como desinformativas. Al fin y al cabo,  son ellos los que condicionan y aprueban los contenidos que publican los periodistas, que deben ajustarse a una disciplina corporativa respecto a los negocios del grupo de comunicación primero y de un partido político después. No en vano, cualquier periodista díscolo puede ser  despedido por no ajustarse a la “línea editorial” de una multinacional mediática, aunque su información se haya demostrado veraz y moralmente impecable.

Para democratizar unos medios de comunicación cada día más uniformes en lo referido a la defensa de intereses económicos particulares o comunes a varias corporaciones, es necesario regular el abuso del derecho a la libertad de expresión, de manera que conductas amorales como la incitación a la violencia o la justificación de ésta no queden impunes.

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(1) http://www.elpais.com/articulo/internacional/Chavez/pone/limites/libertad/expresion/elpepuint/20090731elpepuint_12/Tes

(2) http://blogs.tercerainformacion.es/diseccionandoelpais/2009/07/22/diseccionando-a-el-pais-editorial-“chavez-lo-quiere-todo”/

(3) http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm

(4) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=44599

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