Diseccionando a El País

Diseccionando a El País. Vale para 30 años más. Guiño a Brieva

Hoy  es la fiesta de la democracia y los españoles, dichosos, celebramos otro aniversario de nuestra carta magna. Los artículos dedicados a la Constitución del 78 en El País de hoy destacan, 30 años después de su aprobación, su validez para, al menos, otros 30 años.

REPORTAJE: 30º aniversario de la Constitución

“Vale para 30 años más”.

Los autores de la Ley Fundamental, al contrario que partidos y expertos, apenas son partidarios de unas pocas reformas, y no ven el debate maduro para abordarlas.

“Pregúntese a Peces-Barba:

-¿Cree que hay Constitución para otros 30 años más?

-Yo creo que sí. No creo que yo lo vea, aunque me gustaría, pero sí, sí, yo creo que sí”.

Inquietante. Eso quiere decir que en las navidades del 2038, cuando tenga 64 años y ¿quién sabe? Hijos e incluso nietos, escucharemos en nuestro último modelo de tele-holograma otro discurso de nuestro monarca, Felipe de Borbón, defendiendo la validez de un texto redactado con tal brillantez y consenso, que nadie osaría cambiar una coma del mismo hasta la disolución misma de España. La integración de nuestro Estado en Los Estados Unidos del Mundo, programada para el 2052, contempla la irremediable destrucción  del texto, y el angustioso fin de muchos siglos de próspera monarquía. Todo sea por la libertad y el progreso. Lo haremos arropados por las enagüillas del brasero, porque, hay cosas que, como la constitución, nunca cambian, y es, en esas pequeñas cosas, en las que debemos mostrar con orgullo nuestro pensamiento conservador.

“Zapatero cree que una reforma de la Constitución no es prioritaria”.

“El Rey Juan Carlos subraya su plena confianza de que la Carta Magna es la herramienta para el futuro”.

“Zapatero ha señalado que la Carta Magna “ha sido, es y será útil”. “La tarea”, ha asegurado el mandatario, “es lograr que los próximos 30 años sean aún mejores para avanzar, que haya más igualdad y mayor educación”. El objetivo es que España “siga transmitiendo admiración en el mundo”.

Si Zapatero afirma que nuestra Constitución es admirada en el mundo, no hay porqué contradecirle, aunque ese entusiasmo sólo es mostrado con sinceridad y conocimiento por aquellas personas que la hayan leído (requisito mínimo imprescindible para admirar un texto), es decir, el 0,0…1 de la población mundial y es posible que el 0,1 de los españoles.

Pero dejo las reflexiones poco serias para El País y, tras lectura apresurada, escribo unas líneas sobre aquellos artículos que me han llamado la atención;

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1.

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

Diré anacrónico, porque si me desmadro, como al principio, podría incurrir en un delito de ofensas a la corona. ¿Diseñar leyes de protección específicas para el monarca no es ya contradictorio y anticonstitucional? Acuérdense del Artículo 14;

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 27. 10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.

Les animo a leer la charla del catedrático A. Domenech a los estudiantes en huelga de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona, sobre la violación de esa autonomía que supone la aprobación del Plan Bolonia.

Artículo 50.

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

He hablado de contradicciones. He aquí un ejemplo de lo que se incumple o se observa a duras penas. Pero hay otra cuestión de actualidad que podemos poner en relación con la constitución vigente;

La Memoria Histórica.

Percibimos a través de los medios y acciones del gobierno, o mejor, del Estado, que la vía política para la recuperación de la memoria histórica se agotó con la reciente ley, a menos que se modifique su contenido o se derogue y, en seguida,  propugne una nueva, acorde con las exigencias del derecho internacional.

Observamos que la vía judicial impulsada por el juez Garzón ha entrado en punto muerto, pues se prevé que los juzgados provinciales sigan archivando las denuncias como vienen haciendo hasta la fecha, por prescripción de un delito que sigue sin ser reconocido como de lesa humanidad. Ello, pese a los tirones de oreja manifestados por organismos internacionales de prestigio;

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) coincide con el juez Garzón en que “las leyes de amnistía no pueden impedir investigaciones” sobre la violación a los derechos humanos, en referencia a otro texto intocable: la preconstitucional Ley de Amnistía de 1977.

La ONU ha instado recientemente al gobierno español a que derogue la Ley de Amnistía (31/10/08), ley utilizada por el fiscal del Estado para considerar que los crímenes del franquismo fueron amnistiados, y que, en la práctica, ha servido más a la derecha como ley de punto y final. Recordemos que la noticia sólo se difundió en algunos diarios locales, además de Público.

Amnistía Internacional ha remitido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Manifiesto “Para pasar página, primero hay que leerla”, al que se han adherido en los últimos cinco días más de 40 juristas de prestigio internacional y abogados y académicos españoles, que pide al Estado español garantizar una investigación judicial efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo. Su contenido tampoco ha sido considerado por los medios de masas demasiado trascendente, dada su escasa difusión.

Los esquinazos del poder judicial a cuestiones como la excavación de las fosas comunes y el reconocimiento de los asesinados como víctimas de crímenes contra la humanidad por parte de la dictadura franquista, sólo permite un camino a explorar por parte de los familiares y asociaciones de recuperación de la memoria: la apelación al Tribunal Internacional de Derechos Humanos de Estrasburgo del Comité de DD HH de la ONU.

Pero, si ese tribunal diese la razón a las reivindicaciones de familiares y asociaciones  ¿Existe en la vigente Constitución o en su cuerpo legislativo alguna norma que obligue a nuestro Estado a cumplir cualquier resolución de este organismo? No.

Otro gallo cantaría si tuviese hoy vigencia la Constitución Republicana de 1931;

Título preliminar. Disposiciones generales

Artículo 7.- El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo.